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@arpassv
En un foro público realizado hace un par de semanas el magistrado Rodolfo González destacó los aportes de la Sala Constitucional a la ampliación de la democracia a través de sentencias sobre candidaturas independientes, patient voto por rostro y voto cruzado.
Según el magistrado constitucionalista, dichas resoluciones hacen que la práctica política sea más incluyente y participativa. Se trata de “despartidizar” las instituciones y “ciudadanizar” el sistema político, lo cual redunda en una democracia ampliada en sus formas de participación político-electoral.
El planteamiento es válido, al margen de lo ineficaz que resultaron las candidaturas independientes y las complicaciones prácticas que generan mecanismos como el “voto cruzado”. Sin embargo, es reduccionista la visión democrática que únicamente aborda el componente electoral de la democracia, y éste es el problema con Sala Constitucional.
La democracia es también económica y social, pues tiene ver con la redistribución de la riqueza y con la implementación de políticas públicas inclusivas. Pero estos aspectos parecen no interesar a la Sala, ya que algunas de sus decisiones afectan los ingresos estatales y el financiamiento de programas sociales.
La reversión del Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) y del impuesto a las empresas que declaran pérdidas, son ejemplos de esto. La admisión de las demandas de inconstitucionalidad contra las últimas reformas tributarias aprobadas por la Asamblea Legislativa, también confirma el desinterés de la Sala por la democracia económica-social.
La democracia también es deliberativa y comunicacional, por lo cual requiere de un modelo mediático plural que garantice la diversidad política, social y cultural de la sociedad. Y en esto también muestra desinterés la Sala, pues se niega a resolver las demandas de inconstitucionalidad contra la caduca y antidemocrática Ley de Telecomunicaciones.
La Sala dilata la resolución de una demanda que cuestiona la subasta al mayor postor como único mecanismos para asignar concesiones del espectro radioeléctrico y otra que impugna el carácter de bien privado de las concesiones, la renovación automática de las mismas y la falta de límites anti monopólicos que contrarresten la concentración mediática, entre otros aspectos.
Por tanto, la ciudadanía debe exigir a los magistrados de la Sala Constitucional una visión integral sobre la democracia y que –en este sentido– sus resoluciones también tengan como propósito la reforma fiscal progresiva, la protección social y la democratización de las comunicaciones.
