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Rigoberto Palma
La mayoría de políticos de derecha no pueden articular discursos si no utilizan los vocablos democracia y libertad, find que emplean por pura intuición para atacar a sus enemigos o para hacerse pasar como buenos. Muchos de ellos hasta creen que la democracia solo puede existir donde la derecha gobierna, troche o sea, donde el Estado está al servicio de los sectores más poderosos de la empresa privada, lo cual es totalmente contrario al origen del concepto, que significa poder del pueblo.
Por creerse dueños del concepto democracia, muchos derechistas acusan de dictatorial a todo gobierno que incremente la participación del pueblo y le sirva a sus intereses, incluso aunque la empresa privada siga acumulando capitales. Porque en fin de cuentas, la democracia y la libertad tienen que ver con el tema del poder. Donde la derecha lo tiene dice que hay democracia y donde la pierde dice que no hay democracia ni la libertad, aunque la mayoría del pueblo esté contenta. Así de siempre es este asunto.
La reacción de la diputada Ana Vilma Albanez ante demanda de difamación presentada por el Presidente Mauricio Funes contra ella, tiene que ver con ese enredo conceptual que conoció en el medio político en que se crió. Ella se cree con derecho a calumniar al presidente Funes porque su fuero parlamentario le hace sentirse fuerte, con poder. Hasta ahí ella no ve falta de democracia ni de libertad, aunque lo que haya dicho del presidente sea mentira. Pero cuando el presidente la demanda por calumnia y difamación y la Asamblea valora la posibilidad de quitarle el fuero, la señora Vilma se encoleriza, dice que la persiguen y que en el país no hay democracia e invoca la libertad de expresión.
La diputada se siente bien porque el pueblo la eligió y porque dice lo que quiere y cuando quiere. Todo eso responde al ordenamiento constitucional del país, del que ella se vale para llegar a un cargo de elección popular y trabajar con activista política de un partido de ultraderecha y del que se vale el presidente Funes para demandarla por calumnia y difamación.
La diputada parecer creer que puede calumniar sin violar la ley y que nadie la puede criticar, porque quien lo hace la difama, no es democrático y desea que muera la libertad. Por eso reaccionó con violencia física y verbal cuando el presidente de la Corte de Cuentas reveló sus actos de corrupción al frente del Seguro Social. Porque para una persona que ha vivido en la sombra de la impunidad y tiene fuero para hacer lo que desea, quien la increpa no tiene juicio, aunque lo haga en beneficio del Estado y del pueblo, que son las víctimas de la corrupción. Esa es la estructura mental de la diputada Ana Vilma.
Pero esta vez parece que se metió en un problema del que puede salir muy mal parada, a no ser que encuentre salvación en un grupo de la Asamblea Legislativa que le mantenga el fuero, pues calumnió a quien no muestra disposición a perdonarla por su desatino. Por eso se le ve asustada aunque trate de aparentar firmeza.
Quien lanza una acusación contra otra persona sin prueba de lo que dice, comete el delito de calumnia y puede ser demandado ante la justicia por la persona calumniada. Eso es lo que ha hecho el presidente Funes, quien se siente calumniado por Vilma y otros dirigentes de ARENA. Al ejercer su derecho, el presidente no se aparta de las normas democráticas, sino que las ejerce. Entender eso es muy sencillo. Hasta la diputada Ana Vilma lo entendería si alguien la calumniara. Porque mentir sobre otra persona no es un derecho democrático, sino una actitud irresponsable y hasta despótica, antidemocrática, si la persona que miente se ampara en un poder como el fuero parlamentario, prerrogativa que no debería existir porque solo sirve para garantizar la impunidad de quien se acoge a ella. Si la diputada de Ana Vilma considera cierto lo que dijo del presidente Funes, pues debería renunciar al fuero y dar la batalla en los tribunales. Si la gana saldría muy bien parada y si la pierde debería retirarse de la vida política, por el bien del pueblo y de ella misma. Pero ponerse a decir que la persiguen y que no hay libertad, es negar la lógica del propio ordenamiento constitucional del país, ordenamiento que le permitió ser diputada.
