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@GloriaCoLatino
La discusión por una Ley de Medios y Comunicaciones que armonice las relaciones y accionar de los medios de comunicación públicos, malady privados y comunitarios es prioritario en un país que aspira a construir un Estado de Derecho, dijo la diputada Jacquelin Rivera, de la fracción legislativa del partido FMLN,
“Es un derecho humano de toda la población pero, no hay porqué temer sobre la apertura de este espacio, esperamos que las demás fracciones legislativas nos acompañen para discutir este anteproyecto”, señaló.
ARPAS, junto otras organizaciones sociales de derechos humanos, viene impulsando un anteproyecto de ley que permita a las radios participativas contar con un reconocimiento legal de su existencia, así como, equiparar la oportunidad que les permita acceder a frecuencias de transmisión.
La diputada Rivera aclaró que la discusión de este anteproyecto de integrar en la ley a las radios participativas que presentó ARPAS y la de Medios Públicos, introducida por el Ejecutivo, están en consonancia con la defensa del derecho a la información de la población salvadoreña.
“Nosotros como fracción legislativa nos comprometemos a discutir y aprobar estas normativas y vamos a buscar que se aprueben antes de las próximas elecciones, para evitar que caiga en señalamientos políticos”, anunció.
Mientras, el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, comentó que un Estado de Derecho se puede medir a partir de la democratización de sus comunicaciones.
“En el tema de los medios, creo que el país tiene una deuda con las iniciativas comunitarias representadas en ARPAS, desde hace más de veinte años que es una parte de la ciudadanía, y debemos y no estamos en contra de los medios privados, que crezcan y se fortalezcan, pero debemos de procurar información que incluya a toda la población”, afirmó.
José Luis Benítez, presidente de la APES, reconoció que la información es “poder” y en pocos manos de los medios de comunicación, se constituye en una violación flagrante a la democracia.
“No podemos tener una ley de comunicaciones que se conciba solo como un campo de negocios de empresas privadas, en está lógica predomina la idea del negocio y no de el derecho de la población, a contar con información diversa”, afirmó.
