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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
El 27 de marzo se cumplieron dos años desde que el presidente Nayib Bukele y sus diputados aprobaron el régimen de excepción. Esta es una medida de carácter excepcional contemplada en el Art.29 de la Constitución, pero Bukele la ha convertido en permanente.
La medida suspende varios derechos fundamentales como la libertad de salir y entrar al país, la libertad de expresión, el derecho a asociación, el derecho a la defensa, al procedimiento administrativo de detención de 72 horas y el derecho a inviolabilidad a la correspondencia e intervención de las comunicaciones.
En este contexto, Conciencia Crítica consideró que el régimen de excepción es “una especie de celebración macabra de los dos años de la única política de seguridad del Gobierno, el señor Bukele está haciendo ejercicio ilegal de la presidencia”.
Recientemente Bukele, supuestamente sin ser presidente, por el permiso de seis meses dado por la Asamblea Legislatvia para participar, de forma inconstitucional en un proceso electoral, ordenó un cerco militar en varios distritos de la zona sur oriente de Chalatenango, en el cual desplegó a 5,000 efectivos de la Fuerza Armada y 1,000 efectivos de la Policía Nacional Civi.
El despliegue militar los ordenó amparándose en que el 18 y 22 de marzo dos jóvenes fueron asesinados, uno en San Antonio Los Ranchos y otro en San José Cancasque.
“Sabemos que en política las coincidencias no existen y llama la atención que cada vez que se acerca el momento de que la Asamblea Legislativa extienda por 30 días más el régimen de excepción, desde cinco o siete días antes ocurren homicidios en diferentes sitios del país, lo que los diputados oficialistas utilizan como argumento para extender sin mayor análisis el inconstitucional régimen de excepción, que ya completa 24 meses de vigencia, sin que hasta el momento se haya resuelto ninguno de los 87 asesinatos que dieron paso a su aprobación”, expresó Conciencia Crítica.
En Chalatenango, en las zonas de intervención militar ordenada por Bukele, no registraron homicidios entre los años 2020 y 2023. Por lo que surgieron preocupaciones sobre los posibles objetivos políticos detrás de esta medida, especialmente a la luz de los resultados electorales y los datos alarmantes sobre encarcelamientos y muertes en custodia.
“Los cuatro distritos intervenidos, el partido FMLN ganó las elecciones del 3 de marzo, y en las elecciones del 4 de febrero obtuvo una votación alta en comparación con el resto del país. Estos resultados sugieren que el cerco militar ordenado por el presidente podría tener un propósito diferente al de la desarticulación de pandillas criminales”, afirmó Conciencia Crítica.
Según Conciencia Crítica, el 1.7% de la población ha sido encarcelada, los cuales incluyen a 34 defensores de derechos humanos, y se han registrado 365 muertes en custodia del Estado, que incluyen a 20 mujeres y dos bebés. Además, hay 327 casos de desaparición forzada y miles de familias son extorsionadas por los Centros Penales. Por otro lado, seis de los 27 líderes de organizaciones criminales buscados por Estados Unidos han sido detenidos en libertad fuera del país.
“No es extraño suponer entonces que el Gobierno utiliza el régimen de excepción como instrumento político para presionar y reprimir a la población, convirtiéndolo en una política permanente de violencia institucional”, reiteró Conciencia Crítica.
