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Redacción Nacionales
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El abogado Giancarlo de la Gasca, representante legal del actual ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegain, anunció que interpondrá una denuncia en contra del medio de comunicación Revista Factum y la periodista Loida Avelar, en la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), por la supuesta vulneración “de al menos 16 artículos del Código de Ética del Periodismo”, ya que habría hecho “un ejercicio irresponsable” de la libertad de prensa al informar sobre una denuncia de violencia intrafamiliar que involucra al funcionario. Para Factum esta acción responde a una campaña en contra del gremio.
La Revista Factum informó en enero de este año que Juan Carlos Bidegain fue denunciado en el Ministerio Público de Guatemala el 16 de febrero de 2012 “y en la actualidad el caso es llevado por el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal de ese país. El 8 de mayo de 2015, el tribunal remitió la orden de ´aprehensión internacional con fines de extradición´ a la oficina central de Interpol por el delito de maltrato de menores”, señala parte de la investigación del medio.
Factum informó que presuntamente el 19 de septiembre de 2019 el investigador Carlos Juárez le leyó sus derechos a Juan Carlos Bidegain Hananía, en la oficina central de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en El Salvador. “Ese día, Bidegain fue capturado con una orden de arresto internacional en su contra, por una acusación de maltrato contra una de sus hijas. El funcionario estuvo detenido 30 días en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía y también, bajo arresto domiciliar”. Semanas después de su detención, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador negó la extradición.
“Mi cliente, Juan Carlos Bidegain Hananía, hace 11 años decidió separarse de una expareja que lo denunció falsamente en Guatemala, un país donde mi cliente no es ni nacional ni residente, y a raíz de esa denuncia se siguió un procedimiento en su contra. Mi cliente, siguiendo el debido proceso, hace 2 años, en el año 2020 (que) (la CSJ) declaró sin lugar la petición que se estaba haciendo de parte de las autoridades de Guatemala (la extradición)”, detalló el abogado en una conferencia de prensa vertida la mañana de este jueves.
Por tal, la petición que hicieron las autoridades de Guatemala para que Bidegain fuese juzgado en el país vecino, fue negada, “los hechos eran falsos, no tenían fundamento y él no era nacional ni residente de aquel país, no tendría por qué estar haciendo ningún tipo de juzgamiento allá”, comentó el abogado defensor.
Agregó que en la noticia revelada por Factum “solamente plantearon una de las versiones, no fueron objetivos, imparciales, no plantearon las dos versiones de la cosa, no plantearon de manera objetiva cómo se debía hacer y no solo eso, sino que sistemáticamente mediante sus redes sociales (de Factum) se han encargado señalar públicamente a mi cliente utilizando las palabras ´prófugo de la justicia´ como que si fuera alguien que anda huyendo. Lo han catalogado como alguien perseguido por la Interpol; al respecto, quiero ser muy enfático, mi cliente no tiene ninguna alerta roja, ni difusión que lo esté buscando la Interpol, y la mayor prueba de esto es que mi cliente se encuentra fuera del país en cumplimiento de una importante agenda de trabajo”.
Factum, en su reportaje, sí menciona que buscó la versión del ministro y del abogado Giancarlo de la Gasca, pero no obtuvieron respuesta.
El abogado se limitó a contestar a la prensa sobre el proceso judicial y se marchó cuando fue interrogado sobre la autenticidad de la denuncia en Guatemala:
Mientras que, en horas de la tarde de este jueves, el consejo editorial de Revista Factum lanzó un comunicado donde mostraba el respaldo a la periodista Loida Martínez Avelar y reiteró que la investigación “que demuestra” la existencia de una orden de captura internacional de Interpol en contra del ministro Bidegaín Hananía “fue publicada después de superar todos los protocolos de verificación y contraste que exige el método periodístico”.
“La publicación da constancia de la autenticidad de los documentos exhibidos. Factum, además, buscó el debido descargo del ministro y de su abogado en varias ocasiones, pero ambos no atendieron las peticiones de entrevista que este medio les solicitó”, señaló la revista.
Además, consideraron que las declaraciones del abogado se suman “a una evidente campaña que busca intimidar al ejercicio periodístico y la libertad de prensa y expresión en El Salvador; así como también busca demeritar los importantes hallazgos de la investigación realizada por la periodista Martínez Avelar”.
