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Saúl Méndez
Colaborador
Siete ex empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y miembros de la junta directiva del Sindicato SERPRODEHES denunciaron a la procuradora general, Raquel Caballero, por el despido arbitrario de un centenar de trabajadores de la institución.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MDT) señaló que Caballero no tiene atribuciones legales para suprimir plazas, y denunció que se han vulnerado los derechos sindicales, incluyendo la garantía de fuero de los directivos del sindicato.
«La junta directiva está presentando una denuncia en contra de la procuradora. Ella ya respondió a un recurso de apelación que interpusimos y manifiesta que asume la responsabilidad de haber suprimido las plazas», detalló el MTP.
Además, los afectados indicaron que no han recibido indemnización y no poseen información por escrito. «Solo nos notificaron vía correo electrónico que nuestras plazas habían sido suprimidas, cuando nos presentamos levantaron un acta para quitarnos el activo fijo que teníamos: computadoras, escritorios, sillas», señalaron ex empleados.
Los despedidos, además, alertaron sobre el debilitamiento institucional dentro de la PDDH.
«La Procuraduría Adjunta para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha quedado solo con una doctora y la secretaria. La desmanteló prácticamente», afirmaron.
De acuerdo con la legislación vigente, la eliminación de plazas solo puede realizarse mediante un decreto legislativo respaldado por un estudio técnico que la justifique y antes de suprimir un puesto, la ley establece que debe evaluarse la posibilidad de reubicar al trabajador dentro de la misma institución.
Sin embargo, Guillermo García, miembro de SERPRODEHES, aseguró que al consultar al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre los estudios correspondientes, estos se negaron a brindar información, por lo que el MTP pone en duda la existencia de los mismos.
«Entendemos que las plazas aún no han sido suprimidas. Por eso nosotros estamos pidiendo que haya un reinstalo inmediato de nuestros compañeros y compañeras», exigió el sindicalista.
Asimismo, acusó a la procuradora de violentae Derechos Humanos al evitar pronunciarse contra temas como la minería, despidos de maestros y personal de salud.
«Esta Procuraduría debió haber alzado su voz para denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos, por el contrario, Raquel Caballero, lo que hace es sumarse a este tipo de actividades», expresó.
La denuncia no fue admitida por la entidad, según García, debido al artículo 7 del reglamento para la aplicación de los procedimientos del Sistema de Protección de la PDDH.
«Hay un artículo dentro del reglamento que es ilegal que prohíbe que se interpongan denuncias en esta misma institución en contra del Titular», afirmó.
Los afectados presentarán un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) e iniciarán un proceso contra Caballero en un Tribunal de lo contencioso administrativo por violentar el derecho al trabajo y por no haber seguido el debido proceso, argumentaron.
«Nos vamos a ir por la vía de lo contencioso administrativo, que es lo que procede una vez se ha agotado está instancia», concluyó García.
