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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
La Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), junto con el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), informó que este mes de julio presentarán 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos del Gobierno de Nayib Bukele.
La primera de ellas es en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro, por el cometimiento de tres delitos en torno a la eliminación del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) en 2023.
“Declaramos el mes de julio como el mes de la denuncia contra la corrupción estatal. Hay 10 casos identificados por UNIDEHC, ya tenemos los expedientes y ya tenemos el tema de los elementos, en algunos casos muy robustos, en el tema de pruebas (…) Entre los casos hay ministros, funcionarios públicos de primer y segundo grado, y alcaldes de diversas zonas del país”, dijo Rudy Joya, vocero y abogado de UNIDEHC.
La Asamblea Legislativa aprobó en diciembre de 2022 una reforma a la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado de El Salvador. En esta reforma se ordenaba la eliminación del FOPROLYD y que las funciones de este pasaran al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes.
En este contexto, Joya afirmó que antes de la aprobación de la eliminación de la institución, el sindicato de FROPOLYD comenzó a recibir persecución y acoso por parte del Ministerio de Trabajo. “Se supone que debe tener esa protección de la defensa de los derechos laborales y, obviamente, de la libertad sindical, lo cual los compañeros y compañeras del SITRAFROPOLYD no tuvieron”, manifestó.
Según el abogado, esta institución que “daba muchos beneficios a los lisiados de guerra” resultó con más de 100 empleados despedidos y a los que pertenecían al sindicato sin garantía sindical, por lo cual, UNIDEHC denunció al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por tres delitos: coacción al ejercicio de la libertad sindical, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
“Hasta la fecha, luego de un escrito presentado en enero de 2023, el ministro de Trabajo no le ha dado respuesta, y ese incumplimiento ha dejado a los miembros del sindicato en una vulneración de sus derechos e incluso sin el pago de su año de garantía sindical”, agregó Joya.
De la misma manera, Ivania Cruz, abogada y vocera de UNIDEHC, señaló que es a la FGR a quien le corresponde hacer la investigación, y que mediante la respuesta de ésta demostrarán quiénes “son los funcionarios protegidos del gobierno”. “Vamos a poner a prueba el sistema, vamos a saber qué ministros o qué funcionarios son los protegidos de este gobierno, ya que existen muchas denuncias de corrupción y seguimos viendo que están en el gabinete porque son parte del clan o círculo de confianza de este gobierno”, concluyó.
