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Santiago / AFP
La Defensoría de la Niñez de Chile informó el miércoles de 327 denuncias recibidas por vulneraciones a los derechos humanos de niños y adolescentes infringidas por agentes del Estado, en medio de la crisis social que afecta al país desde hace más de un mes.
Con 22 muertos y miles de heridos -más de 200 de ellos con lesiones oculares graves y ceguera- en la mayor revuelta que haya vivido el país desde el retorno a la democracia (1990), en los últimos días se sumaron varios informes nacionales e internacionales que alertan sobre la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
«Hasta el 15 de noviembre la Defensoría de la Niñez había recibido 327 denuncias por vulneraciones a los derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes en razón de la crisis», dijo en rueda de prensa, Patricia Muñoz, jerarca de la institución.
Muñoz reprochó la actuación de la Policía y alertó que «hay muchos niños heridos en contexto de cotidianidad, como haber salido a comprar el pan con su mamá (…) Estamos hablando de niños que ni siquiera estaban participando de manifestaciones, lo que hace aún más grave el comportamiento policial», agregó Muñoz.
La defensora pública consideró inadmisible la acción policial y señaló que emprenderá acciones judiciales en casos en los que aún no se haya hecho por otro organismo.
En esa línea, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) presentó hasta ahora 384 acciones judiciales por abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
El martes, la policía chilena suspendió el uso de perdigones como herramientas antidisturbios, en medio de fuertes cuestionamientos sobre esa arma no letal que provocó la mayoría de las graves lesiones oculares, en el marco de las protestas.
Más allá de la crisis, la Defensoría presentó su reporte anual en el que condenó que niños y adolescentes sean «invisibilizados en el diseño e implementación de políticas públicas, a pesar de ser los primeros en sufrir los efectos de la desigualdad y el abandono del estado».
Asimismo, llamó al gobierno del conservador Sebastián Piñera a disponer de instancias permanentes que «atiendan la opinión de niños» y adolescentes, a la hora de generar mecanismos que permitan superar la crisis social que vive el país.
