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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Familiares y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) presentaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso penal en el que solicitan la investigación de la Dirección General de Centros Penales, tras no cumplir con una carta de libertad emitida a finales de mayo a favor de Javier González, quien fue detenido de forma “arbitraria”. “Venimos este día a presentar un aviso penal en contra del director general de Centros Penales, Osiris Luna, y Ricardo Ernesto Salguero, que es el director del centro penal de Izalco, por los delitos de privación de libertad, limitación indebida a la libertad individual de las personas y el incumplimiento de deberes”, puntualizó el abogado y vocero de UNIDEHC, Rudy Joya.
Javier Reynaldo González, quien trabajaba en una empresa privada y tiene un hijo, fue capturado bajo el régimen de excepción en abril de 2024 por la Policía Nacional Civil (PNC), sin una orden judicial. UNIDEHC desde abril presentó a la Fiscalía otro aviso penal referente a la “captura arbitraria y tortura” que sufrió el joven.
En mayo de este el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado le dio medidas sustitutivas a la detención, luego de probar con el tema de arraigos y con varias y abundantes pruebas que fueron proporcionadas. “Incluso, por la forma como fue capturado, la jueza decide darle medidas. Esto estamos hablando desde mayo”, enfatizó Joya. En este contexto, UNIDEHC se presentó por segunda ocasión a la FGR, esta vez para denunciar al director general de Centros Penales, Osiris Luna, y Ricardo Ernesto Salguero, director del centro penal de Izalco, por tres delitos: privación de libertad por funcionario o empleado público, limitación indebida a la libertad individual de las personas y el incumplimiento de deberes. “Estos tres delitos están enmarcados dentro de aquellos delitos de naturaleza o acción pública que cometen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones (…) Las excusas han sido varias, pero dicen que Fiscalía no ha mandado la información de Javier para ver si está en otro proceso penal, luego dicen que es la Policía. Las excusas son miles, pero ya llevamos más de un mes”, indicó Joya.
De la misma manera, dijo que desde el mes de junio UNIDEHC realizó todas las diligencias administrativas correspondientes para que Javier pudiera salir. Sin embargo, hasta la fecha no han obtenido la libertad del joven. En este sentido, el abogado afirmó que Centros Penales mantiene una “negativa”, especialmente en el centro penal de Izalco donde Javier se encuentra detenido de manera provisional.
“No sabemos si está bien de salud, y si no ha seguido recibiendo este tipo de trato allá adentro del centro penal. Obviamente, esperamos que no sea esa la excusa por la cual no salga ya en libertad (…) Creo que en definitiva el fiscal general de la República necesita entrevistar a Javier con todas estas cosas que le han pasado y con la captura arbitraria”, dijo Joya.
Por otro lado, cuestionó a Centros Penales, ya que pasó más de un mes desde que el Tribunal emitió la orden de libertad de Javier, por lo que el abogado calificó como privación de libertad por parte del Estado.
“En un mes, creo que todos esos trámites administrativos se pudieron haber hecho y Javier ya pudo tener su libertad y estar acá con su familia como un juez lo ordenó. El no hacerlo es precisamente cada día que pasa, una privación de libertad de forma arbitraria que el Estado está haciendo en contra de Javier”, dijo.
Asimismo, Joya detalló que más de 100 personas cuentan con cartas de libertad o medidas sustitutivas a la detención y que hasta la fecha no han sido liberadas. Además, muchas familias no denuncian por miedo a represalias de parte de la PNC y la Fuerza Armada. “Claro, muchas familias por miedo no denuncian, porque sabemos a qué nos enfrentamos también con esto, de repente el acoso institucional, después a las familias la Policía (…)”, afirmó.
Finalmente, el abogado exigió al Estado hacerse responsable de la detención arbitraria del joven, así como de aceptar que no era pandillero y ponerlo inmediatamente en libertad. “Así como lo capturaron e hicieron toda la noticia de que él era un criminal, así deberían ser rápidos y aceptar que no es pandillero, que ya tiene orden de libertad y sacarlo”, concluyó.
