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Saúl Méndez
Colaborador
Representantes del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) se reunieron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia formal contra el director del Centro Penitenciario de Seguridad de Quezaltepeque, Manuel Hernández Agapito, por negar en dos ocasiones el ingreso a médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) a las instalaciones del centro penitenciario para evaluar el estado de salud de Gerbert Oswaldo Hernández Roque, quien desarrolló insuficiencia renal crónica tras un año de permanecer detenido siendo inocente, según lo manifestaron familiares.
Ingrid Escobar, directora del SJH, explicó que, el jueves 5 de diciembre, Medicina Legal intentó ingresar al penal de Quezaltepeque luego de que el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, Juez uno, aprobara la petición de evaluación de salud de Gerbert Hernández, sin embargo, se negó la entrada al recinto argumentando que no se había recibido el oficio. El 10 de diciembre, Medicina Legal intentó ingresar nuevamente al Penal de Quezaltepeque sin mayor éxito. El SJH aseguró que se tienen pruebas de que el centro penitenciario recibió los oficios en las fechas correspondientes.
“Él es un joven que después de un año siendo inocente, pero además habiendo entrado sano a un centro penal, ha desarrollado insuficiencia renal crónica irreversible”, manifestó Escobar.
Ante esto, los abogados del SJH piden a Osiris Luna Meza, director general de centros penales, y al director del Centro Penal de Quezaltepeque que obedezcan la orden judicial que permite el ingreso del Instituto de Medicina Legal para la revisión médica y correcta atención.
Oscar Rosales, abogado del SJH, sugirió que, de no acatar la disposición judicial, se incurriría en una desobediencia que permitiría a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar de manera oficiosa en acción concreta contra el director del centro penal de Quezaltepeque.
“El joven Oswaldo Hernández está en grave riesgo de morir por la enfermedad que está ya a punto de colapsarle físicamente y por lo tanto la constitución de la República, en el artículo 75, establece que la salud es un derecho humano fundamental el cual debe de estar protegido por el Estado y dar las atenciones necesarias de vida”, aseveró Rosales.
Asimismo, se refirió a las reglas mínimas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Reclusos, dónde la disposición 20-22 establece que los reclusos tienen derecho a hospitales, médicos, medicamentos y a ser trasladados en ambulancias conforme al estado actual de su salud. “Aquí cae, por ejemplo, en un grave delito de violación de los derechos humanos. Al desobedecer una orden judicial, que es un mandato de obligatorio cumplimiento, y las sanciones correspondientes establecidas en el artículo 321 y 322 del Código Penal”, advirtió el abogado. Por su parte, Madelyn Hernández, hermana de Gerbert Hernández, detalló que el proceso empezó el 17 de octubre cuando presentó el primer oficio. No obstante, al presentarse a Medicina Legal, fue notificada sobre la negativa del Centro Penitenciario de permitir el ingreso de personal médico que constatará el estado de salud de su hermano.
“No estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo un proceso legal. Un derecho que él tiene como ser humano. Yo estoy defendiendo a una persona inocente que no ha sido vencida en juicio”, aseguró Madelyn Hernández.
“Llamamos al fiscal general de la república a que cumpla su obligación constitucional de conformidad al artículo 193 de la misma para que haga efectivo el derecho que corresponde y obliga al director del centro penal a permitir el ingreso de los médicos del Instituto de Medicina Legal a efectos de que pueda determinar la condición de salud y las emergencias que pudiesen derivarse de ello”, finalizó Rosale
