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Organizaciones no gubernamentales y el senador de izquierda Iván Cepeda presentaron el jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una denuncia contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las manifestaciones del Paro Nacional.
La denuncia es suscrita por las ONG Temblores, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.
Además del mandatario colombiano, se señala como “máximos responsables” de la represión contra los manifestantes al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.
La denuncia señala que los funcionarios disponen de “la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables”, pero “no lo hicieron”.
Además, se asegura que las principales autoridades de Gobierno y Estado no condenan en “forma enfática los crímenes y las graves violaciones de derechos humanos que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública”.
También cataloga al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como uno de los “principales instigadores” de la represión, cuyos “hechos más graves” se han producido en la tercera urbe del país, Cali (Valle del Cauca).
Los promoventes piden se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, pues consideran que el Estado colombiano “no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes”.
