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@Municipal_DCL
Miembros de la Unidad de Sindicatos Municipales en Acción (USMA) de la alcaldía de San salvador, troche demandaron al Alcalde, Norman Quijano, ante el Tribunal de Ética Gubernamental, ya que hay preferencias en la contratación de personal, pues los jefes de las diferentes áreas contratan a familiares para cargos de confianza. Estas contrataciones, además de violar la ley, los trabajadores indicaron que deja fuera a un centenar de empleados que aplican a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y no serán contratados por dicha acción de las autoridades.
“La ley es clara, ya que dice que los funcionarios públicos no pueden contratar a ninguna persona que tenga parentesco en un tercer grado de consanguinidad, pero resulta que en la alcaldía hay funcionarios que tienen a casi toda la familia y eso lo ha permitido el señor Quijano, y es su responsabilidad todo ese nepotismo dentro de la institución y tiene que responder por ello”, indicó Cándido Martínez, secretario general del sindicato de trabajadores municipales de San Salvador y miembro de USMA.
Además, exigieron una explicación sobre desvíos de fondos, pues aducen que hay un descalabro financiero dentro de la comuna debido a que los pagos salariales se postergan, justificando que no hay dinero para ello.
También, hicieron un llamado a la Corte de Cuentas de la República para que se investiguen plazas fantasmas y aumentos de salarios que los miembros del concejo han hecho hasta el momento, y que deja sin recursos a la comuna.
Asimismo, exigieron tanto al procurador de los Derechos Humanos, como al alcalde Quijano a que se retomen las negociaciones para resolver las demandas en el tema de la nivelación salarial entre otras.
Por otro lado exigieron que se le dé cumplimiento al decreto legislativo 536 que se refiere a una prórroga de incorporar a los empleados a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM) que desde 2007 están laborando en tareas permanentes y que no han sido incorporados.
En este sentido denunciaron que se está incumpliendo la ley, ya que están incorporando como empleados de carrera a personal que trabaja en jefaturas o puestos de confianza.
“Le hacemos un llamado a las autoridades como el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Local (ISDEM), para que fiscalice realmente, para que se cumpla el decreto y en todo caso a la Fiscalía General de la República que investigue a las autoridades de la comuna en caso se esté cometiendo el delito de actos arbitrarios y que respondan por la ilegalidad”, acotó Juan Mejía, secretario general de SITRAMSSA.
El decreto transitorio termina su vigencia el 6 de junio del presente año, por lo que los sindicalistas dijeron que si no se cumple con esta y otras demandas, estarán realizando acciones mas fuertes para que se les efectúen.
