Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) va a determinar si realmente se está haciendo justicia en El Salvador o lo que están haciendo es cargar en las espaldas de estas personas inocentes la popularidad para una reelección”, expresó Ovidio Mauricio, coordinador ejecutivo de la Asociación Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández”.
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la Fundación Hermano “Mercedes Ruíz” (FUNDAHMER), y la Asociación Azul Originario, presentaron en colectivo, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las capturas arbitrarias, prácticas de torturas y muertes al interior de centros de detención en el marco del Régimen de Excepción que lleva seis meses en vigencia.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado más de 250 “Habeas Corpus”, de los cuales un primer grupo de 152 casos de personas que han sido detenidas arbitrariamente bajo este régimen y que fueron presentados ante la Sala de lo Constitucional, sin que esta haya dado la respuesta inmediata, porque no las han admitido.
El “Habeas Corpus” es un derecho ciudadano para que un detenido comparezca ante un juez, quien decidirá si la detención es ilegal o no. Esto procede cuando las vulneraciones o afectaciones a la libertad física de una persona proviene de una ley o su aplicación sea contrario a la Constitución.
La denuncia del Estado salvadoreño ante la CIDH, fundamenta en su contenido que ha violentado derechos fundamentales contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos como: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la protección judicial y las garantías judiciales, las cuales, también están contenidas en la Constitución salvadoreña.
“La Sala de lo Constitucional (CSJ) debió resolver estos casos de Habeas Corpus, en 15 días, porque este es un proceso breve y sencillo, lo dice la Constitución de El Salvador y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, alegó Mauricio.
“Este recurso se ha irrespetado por este gobierno junto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional (CSJ) y en este proceso (ante la CIDH) ellos han sido denunciados: el gobierno, la Sala de lo Constitucional y las personas que tienen que ver con el Régimen de Excepción”, señaló.
Sobre el proceso ante la CIDH, Ovidio Mauricio explicó que son largos, pero al final se podría lograr una condena a las personas que participaron en estos hechos violatorios de los derechos humanos, y podría, también, fortalecer otras iniciativas de las organizaciones de derechos humanos como llevar este proceso ante la Corte Penal Internacional por las graves violaciones.
Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana
“La respuesta de la CIDH sería solicitar al gobierno de El Salvador un informe pormenorizado de cada caso y que envié esos partes policiales que avalaron esos jueces -esos jueces sin rostro- , o -jueces de conveniencia-”, añadió.
“La CIDH pedirá esos reportes y que revise cada caso como debe ser . Y ahí vamos a ver las mentiras de los policías (PNC), las mentiras del Ministerio de Justicia, avalando estos partes policiales”, advirtió.
En cuanto a las personas que fallecieron en los centros de detención y no dieron aviso a sus familiares, el coordinador de Tutela Dra.MJH afirmó que estaban “estudiando algunos caso” por la cantidad de casos que han ingresado por grupos con Habeas Corpus, pero señaló que esa acción cometida por el Estado califica de asesinato.
“Es un asesinato si ya están los restos mortales allí, son asesinatos cometidos por los funcionarios del régimen de excepción: ministro de Justicia, Sala de lo Constitucional, presidente, los captores (PNC)”, agregó.
“Si una persona muere porque le faltó la medicina que tenía que darle para el corazón, ese es un asesinato, porque es la comisión por omisión ese homicidio. Porque el Estado tiene la obligación de brindarle a una persona detenida los recursos necesarios para que subsista en el centro penal”, explicó.
Mientras, Alejandro Díaz, del Área Jurídica de Asociación Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández”, señaló, que los 152 Habeas Corpus de estas personas detenidas arbitrariamente fueron presentadas el pasado mes de abril, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo que protegiera de forma efectiva e inmediata los derechos fundamentales que les asisten y para solicitarles un informe sobre las arbitrariedades que se cometieron en estos casos.
“Teniendo en cuenta que ha pasado todo este tiempo, es que acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sabemos que hay más de 2 mil “Habeas Corpus”, que hay más de 80 personas asesinadas según los registros, que hay hacinamiento grave en las cárceles, que hay prácticas de torturas y que dañan la integridad de un 247%, todo esto se le ha informado a la CIDH”, manifestó Díaz.
Asimismo, comentó que han documentado sus observaciones sobre algunas leyes y reformas que se han aplicado en el marco del régimen, las que calificaron de “carácter represivo” y que van en contra estándares internacionales jurídicos. “Hay casos en donde se ha llevado a personas de 12 años de edad, en los casos de agrupaciones ilícitas, reglas secretas, jueces sin rostro, detenciones masivas, detenciones de personas defensoras de derechos humanos y, como ya saben, leyes que restringen el ejercicio independiente del periodismo en El Salvador”, manifestó.
“Seguiremos presentado más casos, este es el primer registro ante la CIDH, y hemos solicitado que de inmediato este caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), porque la CIDH, ya se pronunció con anterioridad sobre esta situación que se viola la Convención Interamericana y derechos fundamentales”, aseguró Díaz.
La Corte IDH ha reiterado en otras ocasiones que las garantías judiciales de las personas no pueden ser anuladas, aún en un régimen de excepción, por lo que solicitaron su inmediata liberación y reparación psicosocial.
“El Sistema Judicial está coptado por el Ejecutivo y el partido que está gobernando y por esto vemos la anulación del Habeas Corpus, así de claro, aunque las familias continúan acudiendo a esta instancia y presentando los arraigos y documentación de estas personas jóvenes que solo por un perfil descriminatorio o por una acción de detenciones masivas han sido capturados”, reafirmó Díaz.
Sobre el acompañamiento de las organizaciones a las comunidades vulnerables, Armando Márquez Ochoa, presidente de la Fundación Hermano “Mercedes Ruiz” (FUNDAHMER) , afirmó que han atendido las solicitudes presentadas por pobladores en las zonas que atienden con sus proyectos sociales en La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Usulután y Morazán, que han sido víctimas de un encarcelamiento injusto.
“Una vez más, somos testigos que la justicia no está funcionando, como dijo Monseñor Romero, la justicia es igual a la serpiente que solo muerde al descalzo, al pobre. Y lo estamos viendo ahora en aquellos sectores más vulnerables, campesinos u obreros en barrios marginales y en zonas rurales los que más sufren este Régimen de Excepción”, expresó.
“Y no estamos defiendo personas criminales ni personas que cometen hechos criminales, sino que estamos defendiendo a personas inocentes, son casos en donde se ha confirmado su buena reputación, su no pertenencia a grupos criminales y los vamos acompañar en su búsqueda de justicia”, puntualizó Márquez.
Debe estar conectado para enviar un comentario.