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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó este jueves un aviso y una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad contra personas inocentes privadas de libertad en los centros penales. Según la organización de derechos humanos, estos crímenes son responsabilidad de funcionarios y del Estado salvadoreño.
El Socorro Jurídico denunció principalmente la muerte del sindicalista José Leonidas Bonilla, quien se encontraba recluido en el Centro Penal “La Esperanza”, mejor conocido como “Mariona”, su fallecimiento se atribuye a tortura, no a las causas que el centro penal declaró.
Las autoridades declararon que Bonilla habría fallecido por falta de tratamiento médico; las causas de la muerte de Bonilla fueron por COVID, neumonía y otros indicios, según Centros Penales. Sin embargo, “nosotros tenemos la autopsia y la información de que él fue torturado y son señales claras de que esto es cierto. Queremos que la Fiscalía, con el aviso que venimos a poner, investigue este caso y muchos más que vamos a seguir poniendo, porque las familias ya están decididas a proceder en contra del Estado”, comentó Ingrid Escobar, directora de el SJH.
La abogada de SJH, Jeimy Magaña, quien fue a la FGR en representación de la familia de Bonilla, agregó que en la autopista de Bonilla se determinó qué él sufrió prolitraumatismos. “¿Qué significa esto? qué él tenía hemorragia en la cabeza y en el estómago, y tenía moretones en el lado izquierdo de su cuerpo, entonces, esos son indicios claros de que él sufrió una golpiza que podríamos pensar que fue torturado dentro de Mariona”.
Bonilla habría sido ingresado a un centro hospitalario el 25 de agosto de 2022, pero falleció el 3 de septiembre del mismo año. “La familia ha agarrado el valor de denunciar, de ver que no es el único que está falleciendo en estas circunstancias, estas han sido una de las pocas autopistas a las que hemos logrado tener acceso, porque Medicina Legal y Centros Penales no están entregando la mayoría de las autopsias a los familiares”, señaló Magaña. En ese sentido, dijo que es necesario que la FGR investigue estas muertes.
Según el SJH, son 220 personas las que han fallecido dentro de las cárceles bajo el régimen de excepción. Escobar agregó que se deben deducir responsabilidades de los inocentes fallecidos dentro de los centros penales.
Bonilla era un sindicalista reconocido de la Alcaldía de Mejicanos. Un defensor de los derechos laborales y humanos. “Eso nos deja claro de que los defensores de derechos humanos tenemos una persecución sistemática por el Estado y que al ser detenidos, el final puede ser bastante trágico”, puntualizó la abogada.
Ingrid Escobar añadió que el Estado salvadoreño comete crímenes de lesa humanidad en centros penales como Mariona, Izalco, Apanteos, Quezaltepeque y la Granja de Zacatecoluca, así como en bartolinas. “No ha habido en ninguno de estos 21 meses de régimen de excepción un solo fallecido procesado en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) o Zacatras, dónde están los principales cabecillas de las pandillas”.
El aviso a la Fiscalía es para que cuando los actuales funcionarios salgan del poder, los pueda investigar por violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción en contra de los inocentes.
Los funcionarios que deben ser investigados son: el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, los directores de centros penales, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y los diputados que no han podido más que ampliar con base al decreto 803 el término de Instrucción en el que se violenta a los inocentes, el derecho a una legítima defensa, planteó la abogada.
Lo anterior, con base al fallo de la jueza que lleva el caso de El Mozote debido a que ha emitido orden de detención contra exdiputados que promovieron la Ley de Amnistía en 1993, es decir, ese precedente, también puede aplicar a los legisladores que votaron por dicha reforma.
De hecho, el martes de esta semana, la Asamblea Legislativa aprobó la vigésimo segunda prórroga al régimen de excepción, esto previo a una semana de la celebración del 32 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Las autoridades de Seguridad informaron que habían detenido a 75,163 miembros de pandillas. Además, decomisaron más de 7 mil vehículos, 18 mil celulares, 3,600 armas de fuego, de las cuales 333 eran largas. Entre los detenidos existen más de 7 mil personas que fueron liberadas porque no se les encontró vínculos con pandillas, según lo reconoce el estado salvadoreño.
De momento no se tiene una fecha en específico cuando finalizará la medida estatal. Las autoridades de Gobierno y el oficialismo han reiterado que lo prolongarán hasta que el último pandillero esté tras las rejas.
