Denuncian ante FGR a funcionarios por crímenes de lesa humanidad en régimen de excepción 

Saúl Méndez

DiarioCoLatino

Colaborador

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios funcionarios, como directores de centros penales, jueces, fiscales y diputados por los delitos de incumplimiento de deberes, negación de auxilio y crímenes de lesa humanidad.

La medida surge tras el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación actual de los Derechos Humanos en El Salvador y la audiencia realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que participaron organizaciones defensoras de derechos humanos y el gobierno salvadoreño.

La denuncia formal por crímenes de Lesa Humanidad fue contra Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa; Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública; Osiris Luna, director general de Centros Penales; Suecy Calleja, Alexia Rivas, Elisa Rosales, Reynaldo Cardoza, Reynaldo Carvallo. Así como jueces, fiscales y directores de centros penales.

Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que para la denuncia se tomó en cuenta el informe de la ONU donde se acusó al Estado salvadoreño de violar derechos humanos y cometer crímenes como desaparición forzada, tortura, tratos crueles, entre otros.

La organización también señaló el incumplimiento de mandatos judiciales y la falta de auxilio a las víctimas. “Están desobedeciendo mandatos judiciales, no están dándole auxilio a las víctimas y esos son delitos. ¿Por qué los funcionarios públicos no reforman esos delitos?”, expresó la directora de la organización.

Jeimy Magaña, abogada del SJH, advirtió que los organismos internacionales han dicho al Estado salvadoreño que se está “incumpliendo” el control de convencionalidad y se están “violentando” derechos humanos en El Salvador.

“Todas las reformas al Código Procesal Penal, al Código Penal, a la Ley Contra el Crimen Organizado, a la Ley Contra Actos de Terrorismo pueden ser tendenciosas y pueden llevar también a cometer actos de tortura y desaparición forzada, de tratos crueles e inhumanos”, dijo la abogada del SJH.

El Socorro Jurídico Humanitario pidió a la FGR iniciar los debidos procesos de investigación por las vulneraciones a derechos humanos que se están cometiendo en las cárceles.

“Ya lo dijo la ONU en esa comunicación, los juicios masivos que se van a hacer, en primer lugar, violentan los derechos de las víctimas de las pandillas porque al no poder individualizar los delitos que ha cometido cada uno de esos terroristas no van a poder exigir las verdaderas víctimas la justicia que se merecen”, añadió Magaña.

Otto Flores, abogado del SJH, también indicó que la Dirección General de Centros Penales ha recibido oficios y órdenes de libertad por parte de jueces de los tribunales de crimen organizado. Sin embargo, no han sido acatadas.

“Claramente es una violación a un delito conocido como privación de libertad, en el sentido de que funcionarios aprovechando su posición no están permitiendo la liberación de muchas personas que ya tendrían que encontrarse beneficiadas con la liberación y seguir su proceso con otras medidas alternativas”, agregó.

A las denuncias del SJH se sumaron denuncias individuales de familiares de víctimas de “capturas arbitrarias” como Maribel Amaya, madre de Jorge Luis Caridad Amaya.

“Se ha hecho todo legalmente, pero no hemos recibido respuesta. Yo no tengo conocimiento de nada de él a pesar de que se ha hecho todo para tener una resolución. Aquí en este país lastimosamente, capturan a las personas, se las llevan a un centro penal y ya su familia nunca más vuelve a saber nada de ellos”, denunció Amaya.

“El mensaje de odio que dan las autoridades del gobierno es: “pero es que los pandilleros hacían esto”, ¿Y nosotros que culpa tenemos de lo que los pandilleros hicieron? De todos los delitos que ellos cometieron nosotros no tenemos culpa alguna”, manifestó la madre de Jorge Amaya.

La organización hizo un llamado al Estado salvadoreño a garantizar la justicia para las víctimas de capturas arbitrarias e informó que de no hacerse las investigaciones correspondientes acudirán a mecanismos internacionales.