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Redacción Nacionales
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Los directivos de la Cooperativa Escuintla presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra del Banco Promerica S.A., por los presuntos delitos de defraudación y agrupaciones ilícitas, debido a la apertura de una cuenta corriente, en la cual presuntamente los exdirectivos con credenciales vencidas extrajeron casi un millón de dólares sin justificación.
En la denuncia, solicitan a la Fiscalía investigar presuntas irregularidades cometidas por exdirectivos de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria “Escuintla” y por el Banco Promerica S.A. en la apertura y manejo de una cuenta corriente. Esta cuenta, presuntamente, fue abierta en febrero de 2013 con la credencial vencida del tesorero de la cooperativa, Jorge Esteban García.
Asimismo, la denuncia señala que, pese a la falta de validez de la credencial, la cuenta fue autorizada por el banco, lo que permitió la realización de varios depósitos y retiros de grandes sumas de dinero, que alcanzaron un total de $981,163.32.
Además, señaló que el acta que autorizó la apertura de la cuenta habría sido falsificada, dado que no existe en los registros oficiales de la cooperativa. Por otro lado, las transacciones realizadas, incluyendo depósitos y retiros sustanciales, no habrían sido reportadas a la Superintendencia Financiera.
Los denunciantes, que incluyen a varios miembros de la comunidad, solicitaron a la Fiscalía que investigue a los responsables exdirectivos de la cooperativa, así como a los funcionarios del Banco Promerica que autorizaron y facilitaron estas transacciones, a fin de determinar si han incurrido en delitos de defraudación y agrupaciones ilícitas. También se solicitó que se verifique si la Superintendencia Financiera tenía conocimiento de estos movimientos y si ha tomado alguna acción al respecto.
La cooperativa presentó la denuncia junto a otra, en la cual se implicó por estafa agravada a Walter David Coto Avala, diputado de Nuevas Ideas, quien aparentemente cobró más de $27,500 “sin justificación”.
También se le acusó de agrupaciones ilícitas por presuntamente actuar en conjunto con exdirectivos y presentar dos escrituras públicas de desmembración sin autorización del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
De acuerdo con los directivos actuales de la cooperativa, estos montos no justificados en los informes contables “mantienen a la cooperativa en una difícil situación económica”.
Finalmente, los miembros de la cooperativa expresaron que estos casos han generado una situación “delicada” en términos financieros. En consecuencia, muchos jornaleros ya mayores de edad, que vivían de sus ahorros puestos en la cooperativa, se encuentran delicados de salud y algunos no tienen cómo mantener a sus hogares.
