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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Diferentes organizaciones sociales presentaron, este jueves, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos un escrito donde solicitan la liberación inmediata de José Santos Melara (Pepe), Atilio Montalvo, Pedro Alonso Mira, Eliseo Alvarado, Wilfredo Parada, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar, miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes fueron detenidos “arbitrariamente” por la Policía Nacional Civil (PNC) la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo.
“Presentamos no solo un escrito, sino que más bien una denuncia por la violación de derechos humanos que están sufriendo los presos políticos de este régimen del gobierno de Bukele (…) a estos compañeros les están fabricando un caso e imponiendo delitos que no han cometido, no son delincuentes como este gobierno intenta hacer creer”, dijo Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
Las organizaciones afirmaron que “son luchadores sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos activos en la denuncia de las injusticias sociales, la regresión democrática actual del país”.
Asimismo, enfatizaron que los líderes veteranos “no son delincuentes, ni apologistas de actos terroristas”, como lo hizo creer la PNC mediante la plataforma de X, donde declararon que los detenidos “estaban agrupados en la llamada ‘Brigada de Insurrección Salvadoreña’ y sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas”.
Cruz señaló que fueron arrestados sin ninguna orden de detención y algunos fueron sacados de sus casas con “engaños”. Además, como reacción a la inmediata denuncia pública que hicieron personas y organizaciones al enterarse de las detenciones ilegales, la PNC publicó en redes sociales que los detenidos pretendían realizar atentados el 1 de junio.
“El objetivo es neutralizar las acciones de protesta pacífica que la Alianza El Salvador en Paz pretendía realizar contra la instauración dictatorial en el país y atemorizar a otras organizaciones que también se expresarán en rechazo al desmantelamiento de la democracia el 1 de junio”, mencionaron las organizaciones.
Por tanto, las organizaciones afirmaron que estas capturas arbitrarias “no solo violentan el debido proceso penal, sino que vulneran gravemente los derechos humanos de expresión, organización, participación ciudadana y protesta pacífica”.
De la misma manera, responsabilizan al Estado salvadoreño de las consecuencias en cuanto a salud de los veteranos, especialmente el caso de José Santos Melara, cuyo estado de salud es delicado debido al padecimiento de graves enfermedades crónicas.
En ese sentido, Alianza Nacional El Salvador en Paz, Asociación de Veteranos de Guerra de El Salvador, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, COFAPPES, Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya”, Colectivos de Veteranos y Veteranas de Santa Marta, Colectivo Universitario por la Democracia, Fuerza de Organización Popular, Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, Movimiento de Trabajadores Despedidos, Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y Socorro Jurídico Humanitario, solicitaron que el personal de la PDDH verifique las condiciones y la situación de los detenidos.
Asimismo, pidieron que la procuradora Raquel Caballero se pronuncie al respecto de los derechos humanos de los veteranos detenidos y de los presos políticos, y que exija su inmediata liberación.
“Es importante hacer la denuncia porque eso es lo que le incomoda al gobierno de Bukele. Vamos a seguir las organizaciones denunciando por más manipulación y miedo que intenten poner”, concluyó Cruz.
