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Bogotá/PL
Desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, en el teatro Colón capitalino hace ocho meses, fueron denunciados hasta hoy los asesinatos de cinco exguerrilleros de ese movimiento rebelde.
Un informe presentado aquí por la Fundación Paz y Reconciliación titulado ‘Cómo va la paz’, revela que también quince familiares de excombatientes guerrilleros han corrido la misma suerte.
De acuerdo con el documento, esos crímenes han sido selectivos y se registraron incluso en vísperas de la dejación de la totalidad de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo hace pocas semanas.
Esos hechos violentos contra quienes abandonaron la lucha armada se presentaron principalmente en municipios de los departamentos de Caquetá, Cauca y Nariño, en el extremo sur del país.
El reporte de esa organización no gubernamental revela los nombres de los asesinados: Rigoberto Quezada y Éider Quitumbo Taquinás, en Nariño; José Huber Yatacué y Luis Alberto Ortiz, mientras que la quinta víctima, identificado como Rusbel Santana, ocurrió en Puerto Rico, Caquetá.
En el caso de Ortiz se precisa que fue ultimado sólo 15 días después de haber sido liberado, favorecido por la Ley de Amnistía, de la cárcel de Vista Hermosa de la ciudad de Cali. Por su muerte está señalado el sicario Hernán Pai Pascal, alias Renol, indica el informe.
Se añade en el documento que de esas cinco muertes, en sólo otro caso se tiene información de los responsables. Se trata de Yatacué, por cuya muerte se señala a Jhon Ramírez, a quien se le ubica como miembro de la organización ilegal autodenominada Patria Grande-Ejército Popular.
La Fundación Paz y Reconciliación señala como característica común en los atentados mencionados que guardan relación con integrantes de nuevas estructuras criminales que operan en municipios donde antes estaban enclavadas tropas de las FARC-EP.
Esa organización social expresa su preocupación en cuanto a que, además de las 20 víctimas entre exguerrilleros y sus familiares, se suman otros 33 atentados reportados por la Defensoría del Pueblo contra líderes sociales, comunales y de derechos humanos en lo que va del 2017.
