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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Representantes de varias comunidades de la cooperativa Bendición de Jacob, Sonsonate, denunciaron el desalojo de sus territorios programado para este 27 de septiembre por orden del juzgado Segundo de Sentencia.
La cooperativa se encuentra en tierras de la hacienda Santa Emilia, que antes de la Reforma Agraria era propiedad de Rodolfo Salazar Rivera, pero con la reforma debía entregar a ISTA 102 hectáreas por ser excedente de terreno, sin embargo, optó por venderlas a 2 personas, posteriormente, ellas vuelven a venderla a una sociedad y cinco personas más.
En las tierras que deberían estar en posesión del ISTA, desde 2017 habitan más de 100 familias, formando la comunidad y cooperativa Bendición de Jacob.
“Nos solidarizamos con las familias de la Cooperativa Bendición de Jacob en el municipio de Sonsonate, porque es una violación a los derechos humanos de las personas que habitan, están solas y abandonadas, incluso por el Estado, porque el presidente del ISTA les prometió que les iba a ayudar”, sostuvo Rosa Elba Tobías, representante de la Mesa Nacional Contra la Expropiación y Desalojo de Tierras de los Pueblos.
Tobías pidió que se declare sin efecto la orden de desalojo en contra de las familias de la comunidad, porque existe un amparo interpuesto ante la Sala de lo Constitucional, quien todavía no ha emitido su resolución sobre el caso, pero el fallo judicial les dio un mes para desalojar, el cual vence este día.
“Mientras no hay resolución de la Sala no puede haber desalojo, esperamos que el juez sea notificado para que no sigan violentando los derechos de las familias, a través de la policía y la Fuerza Armada, quienes llegan a desalojar a las comunidades”, recalcó Tobías.
Martina Flamenco, habitante de la Cooperativa Bendición de Jacob y una de las personas afectadas, dijo durante la audiencia celebrada en Casa Presidencial el 30 de enero de 2020, entregaron al presidente del ISTA, Óscar Enrique Guardado Calderón, toda la información sobre la posesión legal de la tierra, quien prometió ayudarles, pero hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el fallo del desalojo.
“En la reunión en Casa Presidencial, el presidente del ISTA prometió resolver a favor de la cooperativa la titularidad de las de tierras, pero, incluso, ya hay personas, muchas de ellas mujeres con condenas a cumplir dos años de trabajo social en diferentes instituciones, por el delito de defender su derecho a la tierra”, afirmó.
La Mesa Nacional Contra la Expropiación y Desalojo de Tierras señaló los constantes acosos, amenazas y hostigamientos de la Policía Nacional Civil (PNC) a los habitantes de la cooperativa; a la vez, hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, a interceder para impedir que se continúe vulnerando los derechos humanos de estas familias.
