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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció la “violación de los derechos culturales y laborales en el Ministerio de Cultura por el régimen inconstitucional de Nayib Bukele”, ante la comunidad nacional e internacional.
El MTD denunció “la destrucción de la cultura, el patrimonio tangible e intangible de los derechos de los Pueblos Indígenas”, así como las violaciones de los derechos garantizados en un Estado de Derecho como: la participación ciudadana en la gestión de la cultura, los derechos laborales del personal de cultura, que por ahora, “están siendo violentados”.
“El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele y su Consejo de Ministros suprimieron cinco Secretarías de la Presidencia, entre ellas la Secretaría de Inclusión Social, que contaba entre otras con la Dirección de Diversidad Sexual, y ante el reclamo de la comunidad LGTBIQ+, quienes habían apoyando la campaña presidencial del Bukele, éste les manifestó que dicha estructura pasaba al Ministerio de Cultura”, señala.
El MTD detalla que la exministra de Cultura Suecy Callejas, por medio de redes sociales, les dijo “bienvenida diversidad” y crearon la Unidad de Género y Diversidad, que pasó de “Dirección” a “Unidad”, y luego los despidos de essas unidades.
El 23 de marzo 2020 se realizaron diversos despidos en direcciones del Ministerio de Cultura, como el arqueólogo Hugo Díaz, quien fue principal defensor del “Sitio Sagrado Tacuhscalco, que actualmente es destruido por la industria cañera y la inmobiliaria Fénix.
“El 25 de mayo de 2022 la Asamblea Legislativa decreta el cierre del Zoológico Nacional que llevaba funcionando 69 años, con más de 400 especies de animales, los que fueron donados a una fundación con fines de lucro, que cuenta con un zoológico no accesible para las familias pobres. 34 empleados y empleadas fueron obligados al retiro forzoso”, señala.
“El 1 de septiembre de 2023, once sindicalistas de SITRASEC fueron suspendidos, así como otros empleados. El secretario general Basilio Ayala interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la República por los atropellos de los que fueron objeto los sindicalistas”, pues violenta Convenios Internacionales como los de la OIT, que protege los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores.
En diciembre de 2023, el escritor Manlio Arguerta publicó su retiro de labores de la Biblioteca Nacional, no obstante, el MTD reafirmó que “esa jubilación y el diploma entregado por sus subalternos, fue un consuelo, luego de apoyar a Bukele, salió por la puerta trasera”, acotaron Esto trajo otra ola de despedidos de la Biblioteca Nacional, Casas de la Cultura y otras instancias administrativas de Cultura. “Entre los meses de noviembre a diciembre se dio el desmantelamiento de la Red de las Casas de Cultura“, que contaban con 52 años de trabajo cultural.
Añade que 45 Casas de la Cultura cerradas, algunas contaban con obras importantes como la de El Paisnal, y contaba con una pintura del maestro René Girón sobre el profeta y mártir “Padre Rutilio Grande”.
Y en El Mozote, Morazán, la Casa de la Cultura contaba con una temática de memoria histórica, que fue abierta en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de octubre de 2012, la cual, debería colaborar también con la creación de un “registro único de las Víctimas”.
“El 22 de febrero de 2024 Bukele, en reunión de partidos políticos conservadores en EEUU, en su intervención respecto a la perspectiva de género manifestó: esas ideologías no se permitirán en las escuelas y colegios. De inmediato el ministro de Educación, Mauricio Pineda, en su cuenta X publicó que -esas ideologías de género habían sido sacadas de las escuelas públicas, discurso que se ha venido replicando por las granjas de trolles”, denuncia.
En cuanto al “escándalo sexual ” del viceministro de Cultura, Eric Erwin López Doradea, en la BINAES, el MTD señaló la intervención inmediata de la diputada Callejas “para controlar el escándalo y ordenó también el despido de 60 personas entre trabajadoras y trabajadores de la BINAES”.
“Entre los meses de marzo y abril, la mayoría eran contratos -fraude- por tratarse de personal eventual desempeñando funciones permanentes, y las 60 personas fueron obligadas a callar el escándalo en el que estaba el ex viceministro de cultura”, aseguró.
En junio de 2024, el presidente Nayib Bukele nombró a Raúl Neftalí Castillo, como nuevo ministro de la Cultura, y se despidieron, el 21 de junio, a 30 empleados, entre ellos, el director Nacional de Artes, la directora del Teatro Nacional, luego de la presentación de la obra “Inmorales”, grupo de teatro que había obtenido los permisos de la Gran Sala de Teatro.
“El 26 de junio de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria de Compensación Económica para los Trabajadores del Ministerio de Cultura, cuyas plazas serán suprimidas por una reestructuración. Y el 27 de junio el presidente inconstitucional publicó en su cuenta de X: “En estos momentos , el nuevo Ministro de Cultura @raulncastillo procederá a la destitución de más de 300 empleados del ministerio”, recuerda.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), al presentar esta cronología de desmantelamiento y cierres de espacios para la cultura, en donde en menos de un mes un 60% del personal de esta dependencia fue despedido u obligados a retiros forzosos, y que además no han recibido sus indemnizaciones.
“Resulta lamentable el cierre de las Casas de la Cultura, por haber sido espacios de promoción de la participación ciudadana en la gestión de la cultura local, dado que cada una de ellas contaba con su respectivo Comité Ciudadano y los libros, las etnografías que rescatan la identidad de esos municpios”, alega.
“El régimen incosntitucional de Bukele deja en evidencia la violación a los derechos laborales, la violación a los derechos sindicales consagrados en la Constitución y en los tratados de la OIT, que tutelan el derecho al trabajo, a la libre sindicación, el fuero sindical y los derechos de audiencia, defensa y al debido proceso. Y sin que los titulares encargados de protegerlos como la PDDH y el Ministerio de Trabajo asuman el rol constitucional que les compete”, puntualizó.
