Denuncian doble juzgamiento de los ambientalistas de Santa Marta

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Agradecemos a esta riqueza de expresión organizada que nos dan su apoyo en la antesala de lo que será la repetición de la vista pública de nuestros compañeros. En momentos en que ya están abiertas las puertas para hacer extractivismo en este país”, dijo Vidalina Morales, lideresa de la comunidad Santa Marta, al referirse al doble juzgamiento de los líderes y héroes ambientalistas.

La Fiscalía General de la República apeló ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, el sobreseimiento definitivo de los ambientalistas, y esta ordenó la repetición del juicio. Los ambientalistas doblemente juzgados son: Saúl Rivas Ortega, Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez, lo que mantiene en incertidumbre a familiares de los ambientalistas de Cabañas y la sociedad civil organizada.

“Hay una tremenda preocupación desde nuestras comunidades y familias, por lo que pueda acontecer, y como todos saben, nuestros compañeros fueron absueltos de los supuestos cargos que la Fiscalía General de la República ha inventado. Sin embargo, el proceso va de nuevo a juicio y esa es nuestra gran preocupación”, explicó Morales.

Diversas organizaciones, redes, foros, mesas, colectivos y otros espacios de movimientos sociales salvadoreños y regionales expresaron su adhesión a los cinco ambientalistas de Cabañas, capturados el 11 de enero de 2023, y quienes fueron sobreseídos el 18 de octubre de 2024, por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que dictaminó un “sobreseimiento definitivo”.

Las organizaciones y movimientos sociales demandaron la derogación de la Ley General de Minería Metálica. Y declararon que estos hechos “son claras expresiones de la ofensiva gubernamental” contra la población más pobre y vulnerable.

“Desde el año pasado pudimos ver lo que habíamos denunciado desde la captura de los compañeros la derogación de la ley que prohibía la minería. Aunque desde el 2020 veníamos poniendo en alerta a El Salvador, pero desgraciadamente no fuimos escuchados”, dijo la lideresa.

“Y cuando retomamos de nuevo el tema, al momento se da la captura de nuestros compañeros y conociendo a nuestros compañeros -dijimos- aquí no hay más interés que la explotación de la minería, y así nos ubicamos en estos dos últimos años de denuncia y continuar posicionando la problemática”, señaló Morales.

El gobierno se “quitó la máscara” cuando el 23 de diciembre recién pasado, la Asamblea Legislativa, el partido oficial Nuevas Ideas, con la mayoría simple y calificada para aprobar proyectos o leyes, votaron por la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país.

“El año pasado y de forma exprés la nueva ley de minería fue aprobada, creo que es el peor regalo que ha podido dar al pueblo salvadoreño esta legislatura principalmente obedeciendo las órdenes del señor presidente (Nayib Bukele)”, alegó.

“Así que están abiertas las puertas para la minería y en los territorios allá en donde se ha sostenido esta lucha tenemos temores, que siguen existiendo desde la captura de los compañeros, el 11 de enero de 2023, son casi los dos años de ese susto que nos pegaron”, expresó Morales.

En cuanto a la acusación contra los 5 ambientalistas, las organizaciones señalaron que “ninguno de los procesados se encontraba en el lugar de los supuestos acontecimientos”, que son las fechas establecidas por la Fiscalía en la acusación penal.

En esas fechas aconteció la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989, cuya preparación anticipada generó un movimiento de los combatientes de distintas organizaciones para «concentrarse» varios meses antes, por lo que no estaban en Cabañas.

Presencia de personas ajenas en comunidades de Cabañas

Vidalina Morales denunció, también, la ocurrencia de hechos similares en el año 2009, cuando la empresa transnacional minera Pacific Rim /Oceana Gold, llegaron a Cabañas, para realizar exploraciones y la explotación minera en eso territorios.

“Puedo dar fe de estos hechos porque vivo en la comunidad, y todos sabemos que se está repitiendo el pasado de nuevo en Santa Marta, en donde nuestra tranquilidad como pobladores se está viendo constantemente amenazada por personas ajenas a nuestra comunidad, personas extrañas que irrumpen la privacidad colectiva de nuestra comunidad en la noche”, afirmó.

“Lo denunciamos públicamente porque eso mismo vivimos previo a la captura de nuestros compañeros. Tenemos sospechas también que habrá nuevas capturas en la comunidad Santa Marta. Y lo queremos dejar en la voz de los medios, porque el tema de la minería va a afectar a todas y todos los salvadoreños”, agregó Morales.

Morales reseñó que la mina El Dorado es actualmente la que tiene la mayor atención de explotación en Cabañas, aunque el despliegue minero se encuentra en toda la zona Norte del país, al opinar que “Cabañas sigue siendo el ojo del huracán”, en reseña a la resistencia que por más de 20 años han acompañado en defensa del agua, suelo y aire de sus comunidades.

“Son muchas las personas de las comunidades y organizaciones que hemos estado al frente de esta lucha. Tenemos también mártires ambientalistas, que honramos su memoria a 15 años de sus asesinatos, quienes lograron esa ley, que costó tanto y ahora de forma exprés el actual gobierno la deroga, con los diputados de la Asamblea Legislativa”, argumentó.

“Sabemos que el panorama no es bueno para las luchas organizadas en este país, tanto la ambiental como otras resistencias porque el país ha estado inmerso en muchas luchas.

Aquí se respira tanta lucha y mucho miedo de lo que pueda ocurrir en cuanto a violaciones a derechos humanos y la criminalización”, reiteró Morales.

Santa Marta se prepara para acciones en apoyo a ambientalistas

Alfredo Leiva, directivo de ADES Santa Marta, anunció que previo a la Vista Pública ordenada por la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, han iniciado una serie de actividades preparándose a seguir exigiendo la libertad de sus compañeros. “Vamos a seguir denunciando todas las acciones que se están haciendo en el territorio, como las empresas que van a llegar, que no serán ellos, los que van a proteger los sitios mineros con seguridad privada, sino que, será el Estado a través del ejército que llegarán a las zonas”, alegó. “Hay intenciones fuertes y el mensaje es para las comunidades que entendamos que puede haber más represión y no solo a través de procesos de criminalización judicial, sino la represión directa con el ejército, esto es lo que estamos denunciando”, indicó Leiva.

Leiva agregó que el próximo 11 de enero, que se cumplen 2 años de la captura de los cinco ambientalistas y directivos de ADES Santa Marta, realizarán una “actividad simbólica” frente al río Lempa, en el sitio conocido como “La Maraña”, lugar cercano a los sitios mineros y en donde fueron asesinados Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto, embarazada de su hijo, en el año 2009.

“Estamos organizando también una caminata el 24 de enero, desde San Isidro a Sensuntepeque, Cabañas. Y luego, realizaremos un foro informativo y de sensibilización, porque la explotación minera dejó de ser un tema de Cabañas, ahora es un tema de país, y al final afectará también a países vecinos”, sostuvo Leiva.

“Si queremos seguir viviendo con normalidad en este país -es ahora- necesitamos organizarnos y unirnos. La cooperativa de sacerdotes de la iglesia católica nos dio una pauta por donde ir y nos llama a ser creativos para organizarnos y defender los territorios. Ya el instrumento legal para evitar la minería que teníamos ya no existe, entonces, lo que nos queda es organizar la lucha en defensa de los territorios”, puntualizó Leiva.