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Micco presentó en esta capital un amplio informe de la entidad que encabeza sobre la situación en el país durante 2019 y que hace especial énfasis en lo ocurrido a partir del 18 de octubre, cuando se produjo un estallido social sin precedentes, con una fuerte represión contra los manifestantes.
El documento ofrece en cinco capítulos un detallado análisis de lo que califica como ‘graves violaciones’ ejercidas por agentes del Estado y advierte el estallido social obedece a ‘décadas de falta de respuesta del sistema político a las demandas sociales’,
Asimismo enfatiza en las denuncias por el ‘uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares, que en este último caso sobrepasaban las 340 hasta el 30 de noviembre, incluidos estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma irreversible y lesiones en los ojos.
Micco señaló que ‘el Estado faltó gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana’.
Insiste el informe en que el país está frente a situaciones de graves y muy numerosas violaciones, que no son simples abusos o excesos aislados.
Hasta el 30 de noviembre, fecha en que cierra el texto, el INDH interpuso 476 querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 586 víctimas, quienes sindican a agentes del Estado como sus victimarios, la mayoría contra los efectivos de Carabineros.
Asimismo indica que a partir de las observaciones del INDH y denuncias de la Defensoría de la Niñez, han existido vulneraciones graves a los derechos humanos de niños y adolescentes, con detenciones ilegales, malos tratos, torturas y violencia sexual en los recintos de detención.
En sus conclusiones el informe del INDH subraya que el mandato de mantener el orden público debe ser siempre interpretado a favor de la protección de los derechos humanos y no contra ellos.
Asimismo plantea que el Estado de Chile debe enfocar sus esfuerzos en investigar los hechos; aplicar justicia para garantizar el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas e impedir la repetición de tales hechos.
El texto contiene una serie de recomendaciones que van desde garantizar que los cuerpos armados presten toda la colaboración en los procesos penales a sus efectivos, y aplicar las sanciones que correspondan hasta adoptar medidas concretas por el Estado para la reparación de las personas cuyos derechos han sido vulnerados.
Asimismo recomienda asegurar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, para disminuir la desigualdad y en especial resguardar el acceso y protección a derechos como la salud, previsión social, educación y vivienda, sin discriminación.
