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Padres y Apoderados junto a estudiantes del Instituto Nacional Barros Arana (INBA) llegaron hasta la Municipalidad de Santiago de Chile para denunciar una red de espionaje que monitoreaba la actividad de los alumnos del liceo fundamentalmente durante las protestas.
El instituto emblemático de Santiago está a cargo de la Municipalidad y se presume su implicación junto a la autoridad policial en la red de espionaje.
Algunos apoderados, padres y estudiantes presentarán con abogados un recurso para poner fin a la Ley Aula Segura que lleva varios a los criminalizando a los estudiantes chilenos.
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri negó vínculos con red alguna de espionaje tras ser interpelado por la oposición en un concejo municipal. Medios locales señalaron previamente que se utilizó la aplicación de mensajería WhatsApp para intercambiar información que sirviera para detener o expulsar alumnos.
Los ediles señalaron que la red tenía a miembros de carabineros de la 22º Comisaría de Quinta Normal, el exdirector Jaime Uribe, la actual directora subrogante, Ana María Gajardo; y funcionarios de la Dirección de Educación Municipal (DEM).
“A mí no me consta. Yo no lo ordené. No soy parte de los chats. Yo no lo ordené”, dijo Alessandri, antes de recordar el “agobio” que causaba la violencia de alumnos y exalumnos del INBA que impedían el normal funcionamiento.
Por su parte, Carabineros, a través del teniente coronel Felipe Neira y los capitanes de la Comisaría de apellidos Miranda y Fuentes; entregaban información sensible de niños y adolescentes del establecimiento detenidos para su individualización.
Incluía, por ejemplo, el nombre completo, el curso de los detenidos y foto del carné de identidad de un menor controlado por Carabineros.
Una de las concejalas rivales a Alessandri en las elecciones municipales, la comunista Irací Hassler acudió a la Contraloría para solicitar el pronunciamiento de esta entidad sobre la presunta asociación irregular, por posibles faltas a la propiedad y la vulneración de derechos de los menores.
Además, apuntó que el alcalde debe asumir responsabilidades políticas y administrativas ante lo sucedido. “Ha criminalizado las comunidades educativas, ha desprestigiado a las comunidades educativas. Hoy día, frente a esta articulación debe dar una explicación”, dijo, al referirse a Alessandri.
Hassler fue la que recibió las evidencias de la asociación irregular de espionaje a la comunidad del INBA en Grupo de WhatsApp donde el funcionario municipal, Roberto Sánchez, emitía ordenanzas, añadía a profesores sin su consentimiento y presionaba para que expulsaran estudiantes.
Desde el Centro de Padres y Apoderados (CEPA) del INBA también mostraron su indignación con la noticia, no obstante, ya habían tenido sospechas ante la promulgación de la Ley Aula Segura, según indicó la secretaria de la CEPA, Fabiola Córdoba.
