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TeleSUR
El periodista y activista de El Salvador, Leonel Herrera, denunció este viernes las graves violaciones “al debido proceso” y a los derechos de los detenidos de la localidad Santa Marta y de la Asociación ADES, unos cinco defensores ambientales encarcelados desde el 11 de enero último en el país centroamericano.
En una publicación del Diario co latino, Herrera se refirió a que “La Fiscalía General de la República no tenía pruebas para acusar y ordenar la captura de los activistas antimineros”; por lo que catalogó su detención como “arbitaria” y pidió que el proceso penal en su contra debe ser “anulado”.
Asimismo, el periodista aseveró que se incumplieron los períodos procesales; entre ellos “el plazo de 72 horas establecidas para la audiencia inicial en un proceso judicial ordinario”.
También explica que “la acusación contra los representantes de Santa Marta y ADES es improcedente porque viola la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en enero de 1992 y vigente tras la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de julio de 2016”.
Leonel Herrera también aborda cómo “el Juzgado de Paz de Victoria decretó detención provisional a pesar de la falta de pruebas, la ausencia de peligro de fuga, la delicada situación de salud de los detenidos y aún cuando en ningún otro caso sobre delitos del conflicto armado todos los acusados están detenidos”.
El activista salvadoreño también denunció el silencio sobre el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que, “desde que fueron detenidos, los representantes de Santa Marta y ADES no ven a sus familiares y desde hace más de un mes ni siquiera el abogado defensor tiene acceso a ellos”.
A más de tres meses de la captura de los líderes comunitarios, organizaciones salvadoreñas y la comunidad Santa Marta, en el Departamento de Cabañas (norte), mantienen la lucha por su liberación. A este reclamo se ha sumado, recientemente, la “Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos” (México).
Los defensores ambientales son acusados de cometer un presunto asesinato en 1989, durante la guerra civil salvadoreña. Sin embargo, las señales en el gobierno de Nayib Bukele de una posible reactivación de proyectos mineros hace pensar que el proceso judicial busca debilitar la resistencia comunitaria al respecto.
