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Alessia Genoves
Colaboradora
En el Día del Orgullo LGBT las demandas salieron a la luz, en las que se denunciaban los retrocesos en los derechos de la diversidad sexual en El Salvador. La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género denunció la ausencia de dicha legislación y el incumplimiento de la sentencia 33-2016 y 195-2016 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenaba reformar la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) para permitir el cambio de nombre y género de personas trans.
El Centro de Documentación de Situación Trans en América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) reporta que El Salvador concentra el 32.56% de los casos de vulneración a derechos humanos de personas trans en la región, seguido por Guatemala (27.91%) y Costa Rica (5.43%). En el contexto del Régimen de Excepción, la Fundación Cristosal ha documentado 5,775 víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo 95 personas LGBTIQ+ detenidas, de las cuales 24 son mujeres trans.
Violencia LGBT
Los homicidios de personas LGBT en El Salvador han disminuido desde 2017 (26 casos) a 2023 (2 casos). En 2024 se ha registrado 1 homicidio hasta la fecha. Al menos 8 de los casos han sido judicializados, como el de Yasuri Orellana (según el expediente 2652-4A3-18 de 2021), con sentencias de 66 y 60 años de prisión para los responsables, y el de Camila Díaz Córdova (de 2020), con condenas de 20 años para tres acusados.
Sin embargo, Roberto Zapata, de Amate El Salvador, señaló: “en el país se ha caído en una especie de morbo alrededor de los homicidios, como si el número de muertos fuera el único indicador de si un país es más o menos violento o más o menos seguro”. El Salvador lidera con el 36.36% de los casos de violencia perpetrada por fuerzas de seguridad contra personas LGBT, según CeDoSTALC, seguido por Argentina, Guatemala y República Dominicana (13.64% cada uno). Las principales violaciones reportadas incluyen detenciones ilegales (28.59%), faltas al debido proceso (7.60%), allanamiento de morada (4.54%), y tratos crueles o tortura (4.29%).
El gobierno y personas LGBT
La disolución de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa en 2024 ha sido criticada por organizaciones como Aspidh Arcoíris Trans y Amate El Salvador. La ausencia de una Ley de Identidad de Género ha generado problemas prácticos, especialmente durante el Régimen de Excepción. La sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional reconoce: “No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio”.
Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), el 25% de las mujeres trans perciben ingresos menores o iguales a $234.26 dólares, por debajo del costo de la canasta básica urbana ($249.08 dólares). El 12.5% no recibe ingresos, y otro 12.5% recibe menos de $34.05 dólares mensuales. Solo una cuarta parte de la población LGBT tiene empleo permanente con salario, y el 33% de las mujeres trans reporta discriminación en el acceso al empleo. El presidente Nayib Bukele se ha pronunciado en contra de la “ideología de género” en 2023, generando preocupación en organizaciones LGBT; y reiteró sus antipatías con el despido de 300 personas del Ministerio de Cultura en razón de “preservar los valores patrióticos”. En respuesta, la activista Karla Guevara, del Colectivo Alejandrías, declaró durante la marcha: “Hoy nos quieren invisibilizar y devolvernos a la época de los 90 o antes, donde nos criminalizaban y nos perseguían”.
