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París/Prensa Latina
El canal Europa por Cuba denunció este domingo la continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra la isla, ante el anuncio por Washington de algunas medidas que atenuarían la política de asfixia a la familia cubana.
Las medidas informadas el 16 de mayo en realidad no modifican en lo absoluto el criminal bloqueo, advirtió en su emisión dominical la plataforma activada en octubre de 2020 para promover la solidaridad con la nación antillana desde el llamado viejo continente.
El canal en voz de sus presentadores, José Antonio Toledo y Patricia Pérez, ratificó su condena al cerco impuesto durante más de seis décadas, recrudecido por la administración de Donald Trump (2017-2021) con 243 acciones, algunas de ellas blanco de las recientes decisiones, que pudieran limitar su aplicación.
Según el Departamento de Estado, restableció el programa de reunificación familiar, retomó la autorización de vuelos comerciales desde territorio norteño a las provincias cubanas –más allá de La Habana- y levantó el límite de mil dólares por trimestre para las remesas, restricciones dictadas por Trump.
En su comparecencia en Europa por Cuba, la embajadora de la isla en Portugal, Yusmari Díaz, comentó que se trata de medidas administrativas, cuyo alcance e impacto es muy pronto para definir.
Sin embargo, debemos decir que no cambian para nada ese entramado jurídico que representa el bloqueo, ni la política hacia nuestro país, que sigue en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo y bajo persecución financiera, señaló la invitada.
Para la diplomática, resulta importante recordar que las acciones de Washington siguen al reclamo de las familias cubanas y de los gobiernos de Cuba y del mundo, expresado en sistemáticas resoluciones adoptadas en la Asamblea General de la ONU para demandar el fin del cerco.
De acuerdo con Díaz, también es clave no perder de vista los objetivos de Estados Unidos, que no oculta su interés en apostar por la subversión y la desestabilización, sin dejar de reconocer el beneficio que pudieran generar las decisiones para los habitantes de la mayor de las Antillas.
