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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
A cuatro meses sin sus líderes comunitarios, la población de la Comunidad Santa Marta y ADES expresaron su preocupación por el manejo “irregular” de las autoridades del Sistema Judicial y la Fiscalía General de la República en el caso de los cinco ambientalistas capturados.
“Expresamos nuestra tristeza por la ausencia de nuestros líderes comunitarios, quienes no están con nosotros/as desde hace cuatro meses, cuando fueron detenidos y encarcelados injustamente, desde ese fatídico 11 de enero del presente año”, señalaron.
Asimismo, hicieron énfasis que los líderes comunitarios al no estar en sus hogares, en sus cotidianidades y en las luchas de la comunidad Santa Marta y de ADES, han generado una interrupción grave a las labores con las que están comprometidos en el desarrollo social y económico de Santa Marta.
“Nuestra asociación (ADES), los extrañamos cada día más, y llevamos siempre en nuestra mente y corazón su recuerdo, sus convicciones y sus sueños por un país y un mundo mejor”, agregaron.
En cuanto a la situación de acceso a una pronta y verdadera justicia para los cinco líderes comunitarios, manifestaron que las dudas surgen ante la intransigencia del sistema judicial que los retiene incomunicados pese a que las pruebas son débiles.
“Esta misma semana la injusticia se ensañó contra ellos, cuando dos magistrados suplentes de la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque, plegados a los designios de la Fiscalía General de la República y del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, ratificaron la detención provisional a pesar de su delicado estado de salud”, manifestaron.
“Además, en los demás casos de delitos relacionados con el conflicto armado los acusados están procesados en libertad”, enfatizaron, Al mencionar casos emblemáticos como la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, cometida por un combinado militar y dirigido por el coronel Domingo Monterrosa Barrios, que durante 13 días en diciembre de 1981, cegaron la vida de niños, niñas, mujeres y adultos mayores que sumaron mil víctimas.
Y que sin importar la identidad de los perpetradores y quienes les dieron las órdenes, los militares imputados continúan su proceso penal en sus hogares, es decir, en libertad.
“Dicha resolución es ilegal porque violenta jurisprudencia de la propia Cámara de Cojutepeque, de la Sala de lo Constitucional, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios tratados internacionales, tal como lo consignó el voto disidente de uno de los magistrados propietarios que apoyaba las medidas sustitutivas a la detención”, explicaron.
“Ahora que se cumplen cuatro meses de su arbitraria detención, reiteramos nuestra decisión inclaudicable de luchar hasta lograr su libertad, con el apoyo y acompañamiento creciente de la solidaridad nacional e internacional”, añadieron.
En tanto cuatro Relatorías Especiales del Sistema de Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron recientemente y solicitaron del Estado de El Salvador información sobre la detención, las posibles vulneraciones de derechos y argumentación del Sistema Judicial en el caso de los líderes y defensores del municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
Los funcionarios de la ONU señalan que Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, son personas defensoras de los derechos humanos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES-Santa Marta). Mientras, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio son líderes de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas por lo que expresaron su preocupación por esta captura colectiva.
En el pronunciamiento la Comunidad Santa Marta y ADES reiteraron a sus líderes comunitarios su clara determinación “¡Compañeros, con ustedes, y por ustedes, continuamos!, ¡Libertad para los defensores ambientales de Santa Marta y ADES!”.
