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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica presentó su Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social titulado “Sistemas de justicia y criminalización de la ciudadanía en la región”.
El informe mostró el deterioro en la confianza y respuesta de los sistemas democráticos en Centroamérica, la cooptación institucional y la evolución del fenómeno de la criminalización del disenso, especialmente de la defensa de derechos humanos en los diferentes países.
“Tenemos problemas en común en la región. En el caso de El Salvador, se han visto casos como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2021 de un día para otro sin ningún procedimiento, una jubilación obligatoria de jueces y juezas, la detención del hijo del líder indígena Silverio Morales, sindicalistas privados de libertad y la detención de cinco líderes ambientalistas en Santa Marta, entre otros”, agregó Héctor Carrillo, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Las organizaciones registraron en todos los países acciones u omisiones del Estado que atentaron contra el libre ejercicio de la ciudadanía, incluyendo represión de protestas pacíficas, investigaciones instrumentalizadas contra organizaciones de la sociedad civil y sus integrantes, detenciones arbitrarias y asesinatos. Según el informe, este fenómeno fue posible debido a la cooptación de la institucionalidad que articula los sistemas de justicia en cada uno de los países de la región y a la generación de normativa que legitimó dicho proceso de concentración del poder.
“En El Salvador, en el caso del régimen de excepción, a alguien lo pueden capturar sin explicarle el motivo de la captura. La detención ya no es para que lo pongan frente a un juez en 72 horas, ahora pueden ser hasta 15 días (…) se modificó también la posibilidad de otorgar medidas sustitutivas a la detención en contradicción a instrumentos internacionales que están vigentes en El Salvador”, enfatizó Carrillo.
El informe destacó hechos concretos, como personas capturadas arbitrariamente en todos los países de la región. En Panamá se registró un incidente reciente en el marco de la lucha antiminera en octubre y noviembre de 2023. En ese contexto, también se evidenció la lentitud con la que actuó la Corte Suprema de Justicia al declarar inconstitucional la Ley Minera 406. Además, mencionaron hechos represivos frente al descontento social en Costa Rica en septiembre y octubre de 2023, así como en El Salvador en el contexto de las libertades sindicales tras luchas económicas en el mismo año.
“Todo ese contexto del debilitamiento de justicia ha posibilitado que existan casos emblemáticos de criminalización de personas que se dedican a defender derechos, entre ellos sindicalistas por exigir cosas elementales como uniformes de trabajo o el pago de su salario atrasado (…) hay gente que está privada de libertad por exigir que les pagaran un mes o dos meses de salarios atrasados, solo en FESPAD tenemos registrados 13 casos de detenciones”, dijo Carrillo.
El informe también identificó procesos de investigación amañados en perjuicio de personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. En particular, el Ministerio Público en El Salvador tenía una investigación activa contra dicha organización, y en Nicaragua se registraron cancelaciones y agresiones contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
En El Salvador se sumó el proceso impulsado contra activistas ambientalistas de ADES Santa Marta, así como campañas de desprestigio contra organizaciones de derechos humanos promovidas y alentadas por funcionarios públicos.
En cuanto a Guatemala, Daniel Alvarado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), afirmó que GAM tiene un archivo de 3,700 denuncias de desapariciones forzadas y violaciones de derechos humanos en el país. Asimismo, enfatizó que Guatemala tiene un retraso significativo en el proceso de elección de magistrados, lo que los pone en “una situación de deterioro y de retroceso” de los hilos democráticos que tienen como país.
“Cuando el propio sistema de justicia opera a favor de esos grupos, lo que pretenden es perpetuar la impunidad, nos genera un conflicto importante para los que estamos en busca de un bien para el país (…) esto no es algo extraño para los colegas, porque nos encontramos en un deterioro que tiene que ver con esos regímenes que van transformándose para construir maquinarias sociales en donde hay aparentemente un avance pero al contrario solo reflejan el deterioro y la manipulación que permitimos”, agregó Alvarado.
Las organizaciones consideraron fundamental hacer un llamado a los Estados de la región para que atendieran todas las recomendaciones contenidas en el informe con urgencia. En el caso de El Salvador, solicitaron cesar la instrumentalización del sistema de justicia para promover procesos de criminalización contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes ambientalistas. Asimismo, pidieron a Guatemala garantizar la transparencia en el proceso de elección de magistrados para cortes.
De la misma manera, solicitaron al Estado de Honduras adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de defensores, periodistas y comunicadores en situación de riesgo y criminalización. Además, pidieron construir soluciones duraderas y participativas para resolver la problemática de la defensa y exigibilidad sobre la tierra, el territorio y los bienes naturales.
En cuanto al Estado costarricense, pidieron aprobar normas e impulsar acciones positivas para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pública y manejar los conatos de violencia desde los cuerpos de seguridad.
Finalmente, a Panamá, solicitaron que el presidente electo cumpla su palabra de construir un gobierno de reconciliación nacional, evitando reprimir el movimiento popular.
“Como FESPAD nos solidarizamos con todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en todo Centroamérica, nuestra solidaridad a todas las organizaciones, a las personas y a las empresas involucradas y decirles que más temprano que tarde la justicia llega (…) hacemos un llamado a los pueblos de Centroamérica a exigir las acciones de contraloría”, concluyó Carrillo.
