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Ernesto Marroquín Alegría, gobernador en la tripartita del Fondo Social para la Vivienda (FSV), como representante del sector laboral, denunció irregularidades en el comodato de la escuela que funciona en la finca Gran Bretaña, San Martín, ya que la ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha dado la administración a Fredy Vásquez Jovel, quien fue secretario general del Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción (SUTC), pero, en 2011 fue expulsado por presunta corrupción.
Marroquín pidió al Gobierno que a través de la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Vásquez por haberse enriquecido de las cuotas de los trabajadores durante 25 años que fue secretario general del SUTC, el cual aglutina cerca de 63,000 afiliados en todo el país; así como determinar los fondos con los que adquirió un rancho de $80,000 en Apulo, y una venta de carros usados.
Detalló que la finca Gran Bretaña pertenece al FSV, en ese lugar funciona una escuela para promover el aprendizaje en el ramo de la construcción como albañilería, electricidad, carpintería, fontanería, obra de banco; recientemente se incluyó panadería y chefs.
Cuando se fundó la escuela fue dada en comodato por 50 años al SUTC, sin embargo, por algunas disputas con Fredy Vásquez Jovel, quien era el secretario general, y hasta 2019 el sindicato quedó administrando la escuela, pero con la nueva administración del gobierno de Nayib Bukele, Vásquez recupera el sindicato con ayuda del ministro de Trabajo, Rolando Castro.
La escuela genera ganancias a los administradores porque actualmente están cobrando $5.00 por las clases, aunque en las carpetas presentadas al INSAFOR aparecen como estudiantes a quienes les son exonerados los gastos para el aprendizaje.
“Durante una reunión con el FSV me opuse a que se de en comodato la escuela en la finca Gran Bretaña a Vásquez, porque no es una persona idónea para el cargo, pero como en la reunión había siete personas, la ministra Sol dijo que se podía aprobar por mayoría, sin tomar en cuenta mi voto en contra. La ministra me insultó, dijo que yo como representante del sector laboral era un corrupto, porque no quiero que el gobierno con esta clase de proyectos saque adelante a la juventud”, denunció.
Asimismo, dijo que el ministro de Trabajo ha cometido arbitrariedades contra el SUTC, porque en 2019 suspendió las credenciales a la directiva de ese momento, pese a una resolución de la Sala de lo Constitucional que señala que esa cartera de Estado solo extiende las credenciales a los sindicatos, quien puede quitarlas es un juez laboral o la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En 2019 la directiva del SUTC quedó acéfala, y con la llegada de Castro al Ministerio de Trabajo le ayuda a Vásquez a recuperar la dirección del sindicato, mediante una asamblea general con personas no afiliadas y celebrada en las cercanías del puente Cuscatlán, se informó.
“El Ministerio de Trabajo ya le dio credenciales a Vásquez como el secretario general del sindicato, pero nosotros tenemos un amparo de la Sala de lo Constitucional, porque han violentado el derecho a la libertad sindical, pues no dejaron que termináramos el periodo 2019-2020. El ministro está dando credenciales cuando a los sindicatos les hace falta dos o tres días para finalizar su período, con el objetivo de que no participen en las elecciones de las tripartitas en las instituciones del Estado y poner a las personas afines al Gobierno”, aseguró el gobernador en el FSV.
Además, sostuvo que desde 2020 la viceministra y el ministro de Trabajo han luchado por destituirlo de la tripartita en el FSV como gobernador en representación del sector laboral, bajo el argumento que ya no pertenece a la directiva del SITUC, pero Marroquín ostenta dicho cargo en representación del sector laboral y elegido por los trabajadores.
Otra de las irregularidades denunciadas en la tripartita del Fondo es que con la modificación de la ley donde queda excluida la ANEP, el representante del sector empresarial será elegido por el presidente de la República, y en el caso de los trabajadores la elección del representante estará a cargo de la presidenta de los gobernadores, es decir, la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Al final el Gobierno designará a dos representantes.
“Que quede claro, no estoy en contra de algo que puede ayudarle a la juventud para que aprenda un oficio, y que mejor que los hijos de los trabajadores de la construcción tengan esa escuela, para mi sería un elogio preparar y sacar a los hijos de los obreros a triunfar en otro país con la enseñanza dada aquí”, reiteró.
Adelantó que interpondrá una demanda en las instancias internacionales para obtener una resolución viable y los representantes en las tripartita no tengan que manipular a la gente del sector laboral, pues actualmente en El Salvador el sistema de justicia está a favor del gobierno y no de la clase trabajadora.
