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Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento de Víctimas Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones (MOVIAC) denunció la captura “arbitraria” de José Iván Arévalo Gómez, quien es integrante de MOVIAC y miembro de la Red de Territorios de Vida de los Pueblos Indígenas. El movimiento detalló que la captura se ejecutó bajo el régimen de excepción el jueves 29 de agosto, a las 2:00 de la mañana.
Familiares, organizaciones sociales, ambientalistas y miembros de MOVIAC, exigen al gobierno la inmediata liberación del defensor de derechos indígenas. Demandan que se cumplan los principios de justicia que establece la constitución de El Salvador y los Tratados Internacionales, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por El Salvador en el 2007 y el convenio 169 de la OIT. Además, piden que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) garanticen la integridad física y moral de Arévalo y su familia.
“Asimismo, instamos a los cuerpos diplomáticos de los países amigos, organizaciones indígenas, organizaciones sociales e instituciones de Derechos Humanos al acompañamiento y verificación de su integridad física, al debido proceso y su pronta liberación”, expresaron en un comunicado.
La esposa de Arévalo reveló que agentes policiales se presentaron en su vivienda con una orden de captura girada por la FGR a las 2:00 de la madrugada, registraron el lugar en busca de evidencia o ilícitos, sin mucho éxito, y procedieron a la captura del defensor.
Familiares han informado que Arévalo se encuentra recluido en la Delegación 911 de Santa Ana, aunque no se les ha permitido visitarlo. Agregaron que la PDDH ha logrado constatar que el defensor se encuentra “estable”.
“Es una persona responsable, un sustento del hogar, un padre de familia y una persona que tiene su dedicación a defender la madre patria, a defender la madre Tierra”, contó la esposa de Arévalo.
El director de Cesta, Ricardo Navarro, acusó al gobierno de Nayib Bukele de violar los derechos de las personas inocentes. “¿Cuál ha sido su delito? Andar defendiendo los derechos de la madre Tierra. Otro delito, andar defendiendo los derechos de las culturas indígenas”, expresó Navarro.
El régimen de excepción, impuesto por el actual gobierno inconstitucional desde marzo de 2022, ha suspendido las garantías constitucionales, lo que violenta derechos humanos fundamentales como: el derecho a la participación y a la organización, derecho a un juicio justo, habeas corpus, entre otros.
En los dos años del régimen de excepción se han capturado a más de 79 mil personas. Organizaciones sociales han denunciado cientos de capturas arbitrarias a personas inocentes, entre las cuales se encuentran representantes indígenas, a quienes se les ha negado su derecho a juicio y al debido proceso.
“Él no es un delincuente, él es una persona dedicada a la lucha de los pueblos indígenas y a defender a la madre Tierra, y es un trabajador, una persona honesta que merece vivir en tranquilidad y libertad”, sostuvo MOVIAC.
