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Por Sara Puig
México/AFP
El gobierno mexicano «ha fracasado rotundamente» a la hora de resolver los asesinatos de reporteros, lo que sumió al país en una espiral de impunidad y aumentó los riesgos que sufren los comunicadores, denunció este martes el Comité para la Protección de los Periodistas.
La organización (CPJ, por sus siglas en inglés) deploró en su informe «Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas» que el sistema judicial «es disfuncional y está abrumado», lo que permite que los crímenes queden sin castigo.
Cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va del año, después que 2016 batiera todos los récords con 11 reporteros muertos.
Marzo fue un mes particularmente negro, con tres profesionales muertos y otro herido de gravedad. El diario Norte, basado en Ciudad Juárez, cerró además por falta de seguridad.
Los asesinatos de periodistas se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con la ola de violencia desencadenada tras la militarización de la lucha contra el narcotráfico, con promedio de entre tres y diez homicidios al año, según datos de la ONG Artículo 19.
Los «intentos» del gobierno mexicano «por enfrentar la problemática han sido insuficientes y la lucha por lograr justicia ha fracasado rotundamente», aseguró la organización, basada en Nueva York.
A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto y sus antecesores han reconocido el problema, «la ausencia de condenas (…) impide a la ciudadanía, entre ellos los periodistas, el pleno ejercicio de la libertad de expresión, garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución».
«Romper el ciclo de impunidad en los delitos contra la prensa es el principal desafío que enfrenta el gobierno federal», apuntó.
«Pero cualquier cambio será imposible sin la plena voluntad del actual gobierno», subrayó la organización.
En la última década se han puesto en marcha la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y un mecanismo de protección federal para reporteros y activistas de los derechos humanos que son amenazados.
El CJP advierte sin embargo que estas medidas son insuficientes.
Veracruz, foco negro
Las condiciones periodísticas son particularmente crudas en el estado de Veracruz (este).
Según el CPJ, al menos seis reporteros fallecieron «en represalia directa por su labor informativa» entre 2010 y 2016, periodo durante el que gobernó Javier Duarte, capturado recientemente en Guatemala tras huir acusado de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Durante su mandato se disparó la criminalidad en Veracruz, en un contexto de sangrientas luchas de poder entre los cárteles narcotraficantes del Golfo y Los Zetas, su antiguo brazo armado.
Entre los muertos están los periodistas Moisés Sánchez y Gregorio Jiménez de la Cruz, cuyos casos no han sido resueltos porque los autores intelectuales siguen libres, denunció la organización.
«Las condenas en los casos de asesinato de periodistas son inusuales y cuando se dictan (…) con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen», recalcó el CPJ.
Uno de los cuatro reporteros asesinados este año también era de Veracruz.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en febrero que este estado es la zona más peligrosa de Latinoamérica para los comunicadores, con 19 muertos entre 2000 y 2016.
El CPJ pidió a Peña Nieto «comprometerse públicamente a abordar la impunidad», así como «ordenar a los funcionarios federales investigar estos casos exhaustivamente, enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley».
Asimismo, reclamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) implicarse para garantizar que el gobierno mexicano asuma su responsabilidad.
