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@JoakinSalazar
Por violación a los deberes éticos, fueron denunciados los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de parte del Magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendido, Jesús Ulises Rivas.
La denuncia, explicó Rivas, es porque los magistrados, Sídney Blanco, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Florentín Meléndez, no se abstuvieron de conocer el caso en su contra.
Y es que el magistrado del TSE solicitó a Corte en Pleno la recusación, es decir, que los magistrados sean apartados del proceso de inconstitucionalidad que se realiza en la Sala de lo Constitucional contra Rivas.
“Uno de los deberes éticos que regula la Ley de Ética, afirma que todo Juez se debe de abstener de conocer de casos donde pueda tener algún conflicto de interés, en este caso ellos habían conocido con antelación la propuesta de mi persona para ser electo magistrado por la Asamblea Legislativa, como también, los había denunciado; por lo que tenían serios conflictos con mi persona”, aseguró Rivas. De igual manera, Rivas dijo que la denuncia ante el Tribunal de Ética es por violación a los principios éticos de resolver con imparcialidad apegado a la justicia y basándose en el principio de legalidad.
“Esta denuncia no es con la intensión de causar daños, es por defender los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, pensamiento y asociación y de afectación a las propuestas electorales que es un derecho fundamental que todo salvadoreño tiene”, recalcó.
EL abogado espera que el Tribunal de Ética Gubernamental sea quien imponga la sentencia correspondiente para los magistrados, no obstante, aseguró que la denuncia busca sentar un precedente para que otros funcionarios se vean afectados en sus derechos. “Por las presunciones que hace la Sala se les destituyen, y eso no es correcto, primero ellos (magistrados) deben de comprobar que existen vínculos partidarios, deben de probar que se actuó con parcialidad y tercero que esta persona es dependiente de algún grupo de poder”, afirmó.
Este proceso es aparte del iniciado ante Fiscalía General de la República (FGR) en el que se les acusa por el delito de prevaricato, aquí se incluye a la magistrada suplente Sonia Barillas de Segovia.
Hasta el momento, no se ha tenido respuesta del escrito presentado, la semana pasada, en el que Rivas argumenta que apartarle del cargo de Magistrado es incorrecto, dado que considera que no existe peligro alguno su permanencia en el Tribunal Electoral.
Rivas recordó que el próximo 20 de marzo tendrá la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se acompañará de otras tres personas involucradas, quienes también se les han violentado sus derechos por parte de la Sala de lo Constitucional.
“Esperamos que la Comisión Interamericana vea el caso como una violación sistemática, de derechos humanos, porque son más de 113 funcionarios destituidos de forma incorrecta, porque ellos lo que quieren es salvaguardar la independencia, pero a costa de violentar y atentar contra los derechos humanos, porque antes de ser funcionario es una persona”, agregó.
