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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Como madre de Carlos, siempre soy yo quien los busca por diferentes canales de comunicación, y no obtengo ninguna respuesta. A tres años de la desaparición de Carlos, me queda claro que la impunidad de ayer, sigue siendo la de hoy”, dijo Eneyda Nadine Abarca de Santos, madre de Carlos Ernesto Santos Abarca, desaparecido el 1 de enero de 2022.
Abarca de Santos agregó que “está claro que, si como familia no nos unimos para buscar a nuestros familiares, difícilmente vamos a lograr superar esta impunidad”.
Eneyda Nadine Abarca de Santos y Silvia Montalban, junto a FESPAD, denunciaron la “impunidad” en el manejo de estos casos de personas desaparecidas, por parte de las autoridades fiscales, policiales y judiciales, que señalan como una red de indiferencia, pasividad e incumplimiento de funciones.
Esta lucha inesperada comenzó el 1 de enero de 2022. Hacemos el primer llamado a la comunidad internacional para que siga monitoreando la situación de los derechos humanos en El Salvador, expresó.
“Aquí todas las familias que tenemos un hijo, hija, madre, hermano, esposo desaparecido vivimos en una situación constante de tortura provocada por el Estado salvadoreño. Debido a que no tenemos acceso a la información, a la verdad y la justicia”, declaró Abarca.
No obstante, reiteró el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), y al ministro de Justicia, Gustavo Villatorio, a permitir a estas familias contar con un apoyo gubernamental en la búsqueda de sus seres queridos.
“Este llamado en especial al ministro Villatoro, porque no me ha dado respuesta a las dos peticiones que he presentado cuando supo del caso el 19 de mayo 2023, cuando tenía información del paradero de Carlos, él tenía indicios que probablemente Carlos estaba vivo. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos respuesta”, afirmó.
“Al Fiscal General (Rodolfo Delgado), quien se comprometió a trabajar por la justicia en este segundo período -le pedimos-, que cumpla su mandato desde el principio de la legalidad, apegado estrictamente a la Constitución de la República, dando celeridad a los casos y dé espacio a la verdad y la justicia”, alegó Abarca.
Sobre el caso de Carlos Ernesto Santos Abarca, joven universitario desaparecido cuando salió a trotar el 1 de enero de 2022, en los alrededores de la colonia Monserrat, San Salvador, que a pesar de que ese lugar contaba con cámaras de video vigilancia, no han podido dar con su paradero. Mientras, continúa siendo un caso con una “investigación abierta” en la Fiscalía General de la República.
“Hoy vamos a presentar a la Fiscalía General de la República, una petición de información en seguimiento a la denuncia que interpuse en la sede Fiscal de Santa Elena, ese enero de 2022, es un escrito de seguimiento y siempre peticionando que den acceso a la información”, indicó.
“En estos tres años que tiene Carlos desaparecido hemos realizado diferentes acciones de búsqueda y hasta la fecha no hemos podido dar con su paradero. Hemos estado toda la familia Santos Abarca en un abandono total de parte del Estado salvadoreño”, reiteró Abarca.
Eneyda añadió que “cada segundo y minuto de su vida es un infierno”, con la desaparición de Carlos, pero también es su actual objetivo la búsqueda de su paradero. Y responsabilizó a las autoridades policiales, fiscales y judiciales por el incumplimiento de sus deberes de investigar, encontrar y sentenciar a los perpetradores de las desapariciones, pero hay pocos avances.
“A tres años de la desaparición de Carlos, la Fiscalía General de la República continúa obviando el cumplimiento de sus deberes, no hay acceso a la información, la verdad y la justicia”, argumentó.
“Desde el inicio de su desaparición estuvo la negligencia de la Delegación Monserrat de la PNC, porque para el año 2019, ya se había implementado el Protocolo de Acción Urgente (PAU), período del actual gobierno con 21 diligencias y no se aplicó”, denunció Abarca.
Difundir la lucha de las madres que buscan a sus hijos e hijas
“Gracias por difundir esta lucha que tenemos. Yo vengo a acompañar mi amiga Eneyda, porque vivimos el mismo dolor, sólo que yo llevo 10 años de impunidad”, expresó Silvia Montalván, madre de Rodrigo Montalban, aclarando que durante esa década ninguna autoridad se ha acercado para darle “apoyo”, en su búsqueda.
Rodrigo Montalván, estudiante de 16 años, desapareció el 20 de febrero de 2015, cuando iba camino al colegio en la Colonia Atlacatl, San Salvador, fue la última vez que su madre lo vio al despedirse de ella.
“Siento que he encontrado en Eneyda la fuerza para que yo también salga a buscar a mi hijo Rodrigo. Yo le he dicho a ella que quizás ayudando a encontrar a los demás desaparecidos, pueda encontrar a mi hijo”, manifestó.
“Son 10 años que desapareció mi hijo y no sé dónde está ni nadie me ha ayudado a encontrarlo. Nadie en su momento preciso hizo nada por mí, y es claro que desde el 2015 al 2025, no han hecho nada absolutamente. Hay una total indiferencia por parte de las autoridades con los desaparecidos”, aseguró Montalván.
Cuando Rodrigo desapareció las autoridades sólo le dijeron “regrese a su casa ya va a volver” o “ya volverá, anda con amigos”, lo que consideró una falta grave a sus obligaciones institucionales.
“Esa no era la respuesta que buscaba con ellos, lo que quería era un apoyo para encontrarlo en las primeras 72 horas desde su desaparición de esta criatura; pero aquí el Estado salvadoreño no vela por estas necesidades de las madres de desaparecidos o esposas, esposos”, opinó.
“Entonces, si no hay respuesta de las instituciones sólo nos queda andar en las calles gritando, pidiendo justicia y pegando afiches para encontrarlos. Y por esto apoyo a Eneyda para seguir buscando a nuestros hijos, así de sencillo”, reiteró Montalván.
FESPAD, acompañamiento jurídico
Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de FESPAD, manifestó que actualmente están dando seguimiento y acompañamiento jurídico a 18 casos de personas desaparecidas. De esos casos, a cinco les han interpuesto una “demanda de amparo “ante la Corte Suprema de Justicia, y solo uno de ellos resolvió de forma parcial la Sala de lo Constitucional.
“Esto deja en evidencia que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley no están cumpliendo sus obligaciones, y en el acompañamiento de FESPAD en los casos de Carlos Santos Abarca y Rodrigo Montalván, precisamente deja en evidencia, que las instituciones encargadas de velar por los derechos de las víctimas, o aplicar justicia, no actúan de manera diligente”, explicó Martínez.
“No hay investigaciones en los casos de estos dos jóvenes, así como otros casos que llevamos como FESPAD, aquí no hay avances en las investigaciones y tampoco hay un pronunciamiento o respuestas para las familias, cuando existe legislación que mandata a la Fiscalía a investigar, emitir un requerimiento fiscal, investigar o simplemente archivar el caso”, añadió.
Sobre los casos de Carlos y Rodrigo, la directora de Acceso a la Justicia aclaró que lo único que ha logrado Eneyda es que Medicina Legal le tomó una muestra de ADN (material genético) para cotejar con algunos cuerpos que llegan a Medicina Legal sin identificar.
Sin embargo, lamentó que este proceso de comparación no se ha podido constatar que se realice efectivamente, porque Eneyda no recibe información sobre estos «cotejos genéticos», lo que deja de nuevo sin avance los casos.
“La Corte sólo ha mandatado a la Fiscalía a que continúe con las diligencias de la investigación de un solo caso de los 5 que presentamos y los otros 4, no nos han resuelto a la fecha”, sostuvo.
“Se han interpuesto 12 denuncias ante la PDDH, también para que emita una resolución y recomiende a la Fiscalía General de la República, a pronunciarse si van a continuar con las investigaciones de estos dos casos de los jóvenes desaparecidos, pero no hemos obtenido ninguna respuesta ni de la Fiscalía, PDDH ni del comisionado de Derechos Humanos”, puntualizó Martínez.
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