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Bogotá / AFP
Los habitantes de una comunidad negra del Pacífico colombiano denunciaron supuesta pasividad del Estado ante la violencia de guerrilleros y paramilitares, al velar el domingo los restos recién identificados de víctimas de la masacre que dejó 79 muertos hace 17 años.
Los habitantes de Bojayá, departamento del Chocó, (noroeste), alertaron sobre «desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos, violaciones» que ocurren en su región, en una carta abierta dirigida al presidente Iván Duque.
Antes estos hechos «se percibe una actitud omisiva y complaciente con el accionar de los actores armados. De lo contrario, no se entendería cómo en el municipio de Bojayá, el control territorial lo ejercen el ELN [última guerrilla activa de Colombia] y los grupos paramilitares», señalaron.
El texto, firmado por organizaciones afros, indígenas, campesinas y por la diócesis local, pide a Duque implementar el acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC para garantizar los derechos de los grupos minoritarios.
«Los actores armados hacen presencia en los centros poblados de las comunidades imponiendo control social, político, territorial y económico, desconociendo los reglamentos internos, la autonomía y sistemas de gobierno de las comunidades», agregaron.
El representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, pidió al Estado «responder al llamado de las comunidades» ante las agresiones de los actores armados.
«Animamos al Estado colombiano a mantener esta dinámica con el pueblo Bojayaceño, que hoy necesita protección frente a los retos que imponen nuevos actores armados ilegales que están en el territorio», dijo Brunori durante la ceremonia de despedida de los difuntos.
Bojayá fue el epicentro de una de las peores matanzas del conflicto armado colombiano.
El 2 de mayo de 2002 fallecieron 79 civiles, incluidos 45 niños de la comunidad, cuando un cilindro bomba lanzado por las FARC contra paramilitares de extrema derecha impactó la iglesia donde la población se refugiaba de los combates.
Los restos de las 79 víctimas, que recién pudieron ser identificados plenamente, fueron entregados el lunes pasado a las familias después de que fueran exhumados en 2017.
Tras ocho días de ritos fúnebres, el lunes culminará el último adiós a los muertos de Bojayá con un entierro colectivo.
Aunque las FARC dejaron las armas y se transformaron en partido y el grueso de los paramilitares se desmovilizaron en 2006, el conflicto colombiano sigue vivo alimentado por los recursos del narcotráfico, que afectan a departamentos como Chocó, el más pobre del país y de mayoría negra e indígena.
