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La mañana del lunes fue detenida, luego de un allanamiento en su vivienda, la prefecta de la provincia de Pichincha (en Ecuador), Paola Pabón, política opositora al Gobierno de Lenín Moreno y militante de la Revolución Ciudadana.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la detención se realizó «tras investigaciones» y detalló que también fueron detenidos dos hombres, Christian G y Pablo D.
Según la FGE, en los allanamientos «se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación».
En su cuenta en Twitter, Pabón manifestó: «Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma».
«Esto es persecución»
En las redes sociales circula un video del momento de la detención. Un funcionario le informa que su detención tiene «fines investigativos».
Ante ello, Pabón responde: «Estaré donde la justicia me pida para investigar». Sin embargo, les aclara que «esta es una afectación a los derechos humanos, esto es persecución política en Ecuador».
Por su parte, el exasambleísta Virgilio Hernández calificó de «arbitraria» la detención de Pabón, reiterando que tanto él como la prefecta no han cometido «ningún delito».
La acusación de Moreno
Durante las protestas, que se extendieron durante 11 días y finalizaron con un acuerdo entre el movimiento indígena y el Gobierno ecuatoriano la noche de este domingo, el presidente Moreno señaló que su antecesor, Rafael Correa,había puesto en marcha un «plan de desestabilización» contra su mandato.
Además de Correa, acusó al excanciller Ricardo Patiño, al exasambleísta Hernández y a Pabón.
Tras ello, la prefecta de la provincia de Pichincha intercambió palabras con la ministra del Interior, María Paula Romo, a través de Twitter.
«Usted y su gobierno me han acusado sin pruebas. En el momento que la Fiscalía Ecuador requiera, estaré dispuesta a dar mi versión, no le tengo miedo a su régimen de represión y persecución. El que nada debe nada teme», le dijo Pabón a Romo.
La ministra respondió: «Así será. Usted tiene que responderle a Quito, a Pichincha. La prioridad es recuperar la paz y la normalidad para todos y luego tendremos tiempo para probar el terrible papel que ha jugado creando caos y terror».
«Dejar de echar la culpa al correísmo»
Durante el diálogo con el Gobierno, el líder indígena Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), insistió a las autoridades en que la lucha contra el ‘paquetazo’ fue del pueblo en general, liderada por los indígenas: «Señores del Gobierno, no subestimen al movimiento indígena, debemos dejar de echar la culpa al correísmo».
Y añadió: «Me parece que es irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas, no estamos viendo bien, no estamos viendo con objetividad; nosotros mismos nos sorprendemos (por) la cantidad de gente […]No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello».
Otra detenida
El domingo, además, fue detenida la exalcaldesa del cantón Durán, en la provincia de Guayas, Alexandra Arce Plúas, también militante de la Revolución Ciudadana.
Según la FGE, la medida de prisión preventiva se dictó «por presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones».
El acuerdo
El domingo, tras 11 días de protestas contra el ‘paquetazo’, el Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 883, que elimina el subsidio a los combustibles.
Las partes, tras un diálogo entablado la tarde del 13 de octubre, con mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, resolvieron establecer una comisión para crear un nuevo decreto.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, anunció que se levantan las movilizaciones antigubernamentales en todo el territorio.
«Reconocemos la valentía de hombres y mujeres que salimos a nuestras calles; creo que es el único camino de buscar vías importantes para un verdadero desarrollo del país», enfatizó.
Vargas aprovechó el momento para solicitar nuevamente la remoción de sus cargos a la ministra del Interior, María Paula Romo, y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, por la represión policial y militar ejercida durante las manifestaciones, con clara «violación a los derechos humanos».
Como muestra de ello, comunicó que hubo «más de 2.000 heridos, más de 1.000 presos, alrededor de 10 asesinados y el número puede aumentarse este momento (porque hay) alrededor de 100 desaparecidos en el país». Aunque, pocas horas antes, el balance de la Defensoría del Pueblo fue de siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos.
«Ya no queremos más represión, desde este momento», pidió el representante indígena y señaló que con la salida de esos ministros «el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad».
Vargas manifestó que espera que esta apertura al diálogo continúe con el Gobierno para «construir proyectos importantes, proyectos participativos, proyectos que beneficien verdaderamente al país y al pueblo».
