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Redacción Nacionales
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Familiares de personas procesadas en el “Caso Saqueo Público” denuncian retardación de justicia, pues el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador lleva casi ocho meses sin dar a conocer la resolución. “La situación es insólita”, dijo a Diario Co Latino un familiar de una de las personas procesadas, quien pidió no citar su nombre.
“La vista pública terminó el 3 de noviembre y los jueces anunciaron que darían a conocer la sentencia el 30 del mismo mes; sin embargo, hasta esta fecha, casi ocho meses después, eso no ha sucedido y los procesados siguen esperando saber cuál es el fallo en su contra”, detalla la fuente.
Otra fuente cercana al proceso declaró que ha habido varios intentos fallidos de dar a conocer la sentencia. “En seis ocasiones los jueces han convocado a audiencia para leer el fallo, pero no lo hacen porque los fiscales del caso no llegan o llegan y se retiran”, comentó.
La última vez que los jueces intentaron dar a conocer el fallo fue el 15 de marzo. “Esa vez las fiscales llegaron y simplemente se retiraron antes que iniciara la audiencia”, afirma la fuente.
La fuente sostiene que en esa ocasión, uno de los jueces afirmó que el fallo estaba listo, que había sido emitido por unanimidad, que no sería modificado y que sería dado a conocer en otra audiencia aún si no estuvieran presentes todas las partes. Sin embargo, cuatro meses después el tribunal no ha convocado y los procesados siguen esperando.
Bloqueo de la Fiscalía
Para las fuentes consultadas por este medio, es evidente que existe una estrategia de bloqueo por parte de la representación fiscal para impedir o dilatar la lectura de la sentencia.
“Es muy probable que la resolución no es la que Fiscalía desea y por eso está saboteando a los jueces, lo cual es totalmente ilegal y violatorio del derecho de las personas procesadas a conocer el fallo”, señala. Los familiares de los procesados temen que la Fiscalía esté presionando a los jueces para que cambien la resolución. “¿Por qué los jueces ya no convocaron? Es muy preocupante lo que pueda estar pasando”, expresa uno de ellos.
“Exigimos a los jueces que tengan la entereza de dar a conocer cuánto antes la resolución”, demandan. Sostienen que la salud de los procesados se ha deteriorado debido al estrés que les genera la incertidumbre sobre cuál es la decisión del juzgado.
En el denominado “Caso Saqueo Público” fueron procesados ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes, entre ellos la secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato y el secretario de Comunicaciones David Rivas.
El caso fue aperturado hace seis años por el entonces fiscal Douglas Meléndez y está relacionado con el uso de los fondos reservados de Casa Presidencial en el quinquenio 2009-2014, que suman unos 351 millones de dólares. Los familiares de los procesados esperan una resolución favorable porque “en el juicio se demostró el destino de los fondos”. De hecho, la Revista ELEMENTOS publicó la lista de 327 empresas, ONGs y personas naturales que recibieron esos fondos como pago por bienes y servicios prestados al Estado.
Entre los proveedores que recibieron dichos fondos hay medios de comunicación y empresa privadas, incluida la Sociedad Castro Sol S.A. de C.V., del actual presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro y su esposa Michel Sol, ministra de Vivienda del gobierno de Nayib Bukele. Esta empresa recibió más de medio millón de dólares por “servicios de elaboración de alimentos y administración de la cocina de Casa Presidencial”.
