Denuncian retrocesos en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz

Saúl Méndez
Colaborador

En el marco del 33.º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, el Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) expresó su preocupación por los retrocesos en el cumplimiento de los compromisos asumidos el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México.

El movimiento afirmó que el cierre y los despidos en instituciones clave para garantizar los derechos humanos representan un grave retroceso y un signo preocupante de debilitamiento democrático.

“Los Acuerdos de Paz marcaron el fin de 12 años de guerra civil a través de una vía política, abriendo las puertas a la democracia, al respeto de los derechos humanos y a la reunificación de la sociedad salvadoreña”, señaló el MDCT.

Los Acuerdos de Paz fueron suscritos entre el gobierno salvadoreño, encabezado en ese momento por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Para lograr la transición democrática, los Acuerdos de Paz posibilitaron la creación de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Policía Nacional Civil (PNC), la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), el Instituto Especializado de Nivel Superior (IES-ANSP) y el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD). Además, se introdujeron importantes reformas al Órgano Judicial para asegurar la independencia de poderes, los pesos y contrapesos.

No obstante, el presidente Nayib Bukele calificó los Acuerdos de Paz como una “farsa” durante un discurso pronunciado el 16 de diciembre de 2020 frente a víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote.

“Es un claro ataque a la historia, a las fuerzas firmantes y a las mismas víctimas que demandan justicia y reparación”, afirmaron miembros del MDCT en respuesta a las declaraciones.

En 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), aprobó un decreto que eliminó la conmemoración oficial de los Acuerdos de Paz. En su lugar, se instauró el Día de las Víctimas del Conflicto Armado, un cambio que generó polémica al reinterpretar el significado histórico de los acuerdos que marcaron el fin de la guerra civil en el país.

A las declaraciones del Bukele se le suma una ola de despidos y cierres de instituciones clave creadas para garantizar y promover la paz en El Salvador.

“El régimen de Bukele ha cooptado el sistema de justicia, desde el 1 de mayo de 2021 que inició con la destitución de los magistrados de la CSJ, en esa misma fecha obligó a más de 260 magistrados y jueces al retiro forzoso, este año al menos 1,100 empleadas y empleados de la CSJ han sido obligados a renunciar “voluntariamente” y otros 60 han sido obligados al retiro forzoso”, detallaron miembros del MDCT.

El 21 de diciembre de 2022 la Asamblea Legislativa acordó eliminar la primera institución nacida de los “Acuerdos de Paz”: el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD). Está medida implicó la eliminación del sindicato SITRAFOPROLYD y como resultado 375 servidoras y servidores públicos terminaron desempleados.

Al año siguiente, el 23 de diciembre de 2023, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, persona de confianza del presidente inconstitucional Nayib Bukele, despidió a 150 trabajadoras y trabajadores del TSE, la mayoría expertos en administración y ejecución electoral. Los afectados indicaron que no se respetó la ley del derecho al fuero sindical y se despidió a la junta directiva del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (STRATSE).

Otra de las instituciones afectadas fue la PDDH, donde la Procuradora Raquel Caballero de Guevara, envío a sus empleados a realizar teletrabajo sin explicarles las razones. Posteriormente, el 23 de diciembre del 2024, despidió a 102 trabajadoras y trabajadores. Al igual que en los casos anteriores, se despidió a miembros de la junta directiva del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador(SEPRODEHES). “Es una clara violación al derecho de sindicación y al fuero sindical”, denunciaron sindicatos.

La PNC también ha sufrido despidos masivos. El 12 de mayo de 2022, los diputados de NI aprobaron la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP); más de 3,000 policías y 106 empleados de la Academia fueron obligados al “Retiro Forzoso”. Además, los directivos del sindicato SITANSP fueron despedidos el 31 de mayo. “Tardaron año y medio para darles la compensación económica, contrario a lo que estipulaba la ley”, aseguró el MDCT.

El pasado 23 de diciembre de 2024, otros 300 policías fueron obligados al retiro forzoso, denunció el movimiento.

Por otra parte, organizaciones sociales advierten que la policía está siendo “desplazada” por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en su ejercicio de seguridad, contrario a lo que establece la Constitución de la República.

“Ahora los policías están siendo enviados a labores de vigilancia a los establecimientos de salud del MINSAL e ISSS, de acuerdo al presupuesto 2025 la corporación tendrá un recorte de 4,978 plazas, esta reducción es un claro indicador del debilitamiento progresivo al que está siendo sometida la PNC, los están sometiendo a estrés laboral de 17 horas diarias y sin descanso, cada vez se aleja de la filosofía de la seguridad pública”, expresaron voceros del MDCT.

“Esto indica que el país está en claro retroceso al autoritarismo, al cierre de espacios democráticos surgidos de los acuerdos de paz y a la persecución política de las organizaciones sociales y populares defensoras de los derechos humanos y particularmente de los derechos laborales”, concluyó el MDCT.