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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El viceministro de Seguridad Pública Raúl López manifestó anoche que les causó sorpresa a los funcionarios que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista denunciaran ante la CIDH las presuntas ejecuciones de parte de agentes de la policía, cuando ambas organizaciones forman parte de una mesa de trabajo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, precisamente encargada de vigilar y prevenir los abusos de autoridad de los elementos de la corporación policial. “A nosotros nos sorprendió realmente la solicitud de audiencia temática presentada por los dos organismos de derechos humanos ante la comisión interamericana, precisamente porque tanto el IDHUCA como el Movimiento Pasionista forman parte de una mesa que funciona al interior del Ministerio de Justicia, que es la mesa de actuaciones policiales”, manifestó el funcionario.
López dijo que a esa mesa asiste el ministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, él como viceministro, la directora nacional de atención a víctimas de la violencia Fátima Ortiz; el inspector general de Seguridad Pública Tito Zelada; el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública Jaime Martínez; la comisionada Alicia Méndez, representante de la secretaría de responsabilidad profesional (asuntos internos) y además todos los organismos de Derechos Humanos que están interesados en esta temática, incluido el IDHUCA y el Servicio Social Pasionista.
“En esta mesa los organismos de derechos humanos presentan los casos, se analizan, se investigan y si es procedente sancionar algún elemento de la corporación porque ha cometido alguna falta, se hace”, afirmó López en entrevista con canal 10.
El viceministro dijo que las autoridades de la institución lo han expresado abiertamente que no se toleran las violaciones a la ley.
“Aquí nosotros, como gabinete de seguridad, lo ha dicho el señor ministro públicamente en el sentido que no vamos a tolerar, no vamos a permitir que se subvierta lo establecido por la Constitución de la República, no vamos a permitir que se violenten los derechos de nuestros ciudadanos”, afirmó. “Nos extrañó la presentación de esa solicitud porque las dos instituciones peticionantes ante la comisión forman parte de esa mesa, (pero) nuestra obligación es ser respetuosos y por eso comparecimos a establecer la verdad de lo que sucede”, señaló López, quien encabezó la delegación que fue a defender al Estado de las acusaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el IDHUCA y el Servicio Social Pasionista.
El viceministro dijo que en dicha audiencia, “los mismos integrantes del tribunal reconocieron las virtudes del plan El Salvador Seguro”, del cual les entregó una copia.
López dijo que una de las denuncias de los organismos de derechos humanos era que El Salvador, como Estado, desarrolla una política de seguridad que criminaliza a los jóvenes, pero que, al contrario, el plan El Salvador Seguro promueve la integración de la juventud. “Una de las imputaciones, de los reclamos de los denunciantes, era de que en El Salvador existe una política pública criminalizadora de los jóvenes y el plan El Salvador Seguro no criminaliza a los jóvenes. A veces hay malos entendidos porque el plan tiene tres grandes ejes: la persecución del delito, la prevención y el plan de la atención a las víctimas”, afirmó. Según el viceministro, en el país se vive “un Estado constitucional y democrático de derecho”, por lo que es “imposible no garantizarle los derechos a las personas”, y es imposible también “negarse a investigar y a perseguir un delito”, una facultad del Estado Salvadoreño a la que “no se puede renunciar”.
Añadió que existe una institucionalidad que descansa en la Fiscalía General de la República, en la Policía Nacional Civil como auxiliar de la administración de justicia y existen los tribunales. “Toda aquella persona que haya cometido un delito va ser investigada y perseguida y si el juez de la causa lo considera procedente, va ser encarcelada”, prometió. Además de la institucionalidad del Estado, la misma policía tiene institucionalizados fuertes controles internos para garantizar el cumplimiento de la ley. “Tenemos una institucionalidad muy fuerte al interior de la misma institución policial que vigila segundo a segundo, el actuar de sus elementos policiales y hay que decir que hay ya más de un elemento policial sancionado por ese tipo de actuaciones”. Sobre las acusaciones de que el Estado es tolerante con las ejecuciones extrajudiciales, López rechazó que exista permisividad institucional ante violaciones de derechos humanos por parte de la PNC. “No hay una política de Estado, son decisiones personales de la gente que pretende tomarse la justicia por sus manos, no es una política de estado y vamos a sancionar con la severidad del caso, aquellos elementos que violenten la ley, la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Querer hacer ver al Estado de El Salvador como un Estado violentador de los derechos es un asunto intolerable”, señaló respecto a las acusaciones ante la CIDH. “Respetamos la opinión de los organismos de derechos humanos, pero no podemos aceptar como Estado la existencia de esos supuestos grupos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales se ha señalado al Estado de El Salvador”, recalcó.
