Denuncias necesarias y oportunas

Por Leonel Herrera*

Aunque actualmente hay muy pocas o nulas posibilidades de lograr justicia, es importante denunciar. No sólo para visibilizar y registrar las graves violaciones a los derechos humanos, sino porque esas demandas serán retomadas cuando exista verdadera institucionalidad y funcionarios independientes.

En este sentido, son relevantes las denuncias que organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) han presentado durante los últimos días y semanas ante la Fiscalía General de la República.

Estas organizaciones han denunciado abusos y arbitrariedades cometidas contra personas inocentes en el marco del régimen de excepción. Entre los denunciados están el ministro de Seguridad, el director de la Policía, el director general de Centros Penales y otros funcionarios gubernamentales. También han sido demandados jueces y diputados.

Ahora no pasará nada: el fiscal oficialista seguramente lanzará al basurero las demandas, los demandados se ríen porque seguirán impunes y la maquinaria de troles hasta se burla de los demandantes. Sin embargo, la justicia llegará en algún momento.

Las demandas también son importantes para evidenciar la falta de institucionalidad y para habilitar a la justicia internacional, especialmente en relación a los delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad como torturas, asesinatos en las cárceles, desapariciones y otros que pueden ser presentados en la Corte Penal Internacional.

Por eso es oportuno que el SJH, UNIDEHC y otras organizaciones tengan la valentía de denunciar, desafiando las amenazas del régimen, la persecución política y el linchamiento digital. Ojalá más organizaciones sociales también denuncien.

Igualmente relevantes son las investigaciones realizadas por Cristosal, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) y otras organizaciones, incluidas algunas internacionales como  Human Rights Watch, que evidencian las perturbadoras groserías cometidas por agentes estatales contra personas inocentes en los centros penales.

Estos informes, además contribuir a la denuncia pública de los crímenes que comete el inconstitucional gobierno bukelista, servirán después como elementos de prueba en los juicios donde -tarde o temprano- serán procesados los asesinos, torturadores y otros malhechores.

También servirán para obligar a rendir cuentas a los funcionarios que no actuaron en defensa de los derechos humanos, no hicieron justicia y fallaron a su función constitucional: fiscales, jueces, magistrados y procuradoras serán enjuiciados por incumplimiento de deberes, omisión de investigación y otros delitos que ahora cometen.

Así que ojalá más organizaciones pierdan el miedo, salgan del letargo en el que están sumergidas y denuncien. Los abusos, arbitrariedades y crímenes de este régimen autoritario durarán el tiempo que tarde en consolidarse una sociedad civil valiente y realmente comprometida con la justicia, los derechos humanos y la democracia.

*Periodista y activista social.