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@arpassv
Como bien señaló ayer el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, illness el “proceso sancionatorio” que el Juzgado Primero de Instrucción impulsa contra los abogados querellantes y los directores ejecutivos de ISD y FESPAD constituye una clara violación a la libertad de expresión y un atentado contra defensores de derechos humanos.
El Juez Levis Italmir Orellana decidió procesar a los querellantes y representantes de las organizaciones ciudadanas, prostate acusándolos de difundir información confidencial en el “Caso Flores”. Antes, el Fiscal General les había enviado una carta censurando y amenazando con procesarlos si volvían a hacer referencia a la existencia del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que se refiere a millonarios movimientos bancarios del ex presidente Francisco Flores en Miami.
Vale decir que –en todo caso– quién hizo público el ROS no fue la parte querellante de las organizaciones sociales, sino el propio Fiscal General cuando dijo que lo tenía en su poder y que éste contiene información relevante para el proceso penal contra el ex presidente Flores.
La censura y amenaza contra los miembros de ISD y FESPAD son represalias por evidenciar la corrupción del sistema de justicia que está cuestionado hasta por el Departo de Estado de los Estados Unidos, en cuyos informes sobre la situación de los derechos humanos señala que la corrupción del sistema judicial salvadoreño contribuye al alto nivel de impunidad.
La censura y amenaza también son represalias por denunciar negligencias de la Fiscalía: la tardanza en judicializar el caso, la negativa de incluir el delito de lavado de dinero en la querella, la decisión de sustraer el ROS del expediente judicial, etc. Las organizaciones también han señalado los conflictos de interés del Fiscal, quien tuvo una relación laboral con el ex presidente Flores y actualmente es directivo de una empresa que dirige la ex primera dama Lourdes de Flores.
Y, desde luego, son represalias por atreverse a intentar sentar un buen precedente en la lucha contra la corrupción en un caso que presuntamente involucra no sólo a altos personeros del partido ARENA, sino también a poderosos grupos empresariales y familias oligárquicas.
Es por eso que la censura y amenaza contra ISD y FESPAD debe movilizar al país entero hacia la lucha efectiva contra la corrupción, la exigencia de una profunda depuración judicial y la demanda de elegir a un Fiscal General decente.
