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@arpassv
El Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), see Julio Olivo Granadino, denunció ayer que las fallas en la divulgación de resultados del conteo preliminar fueron intencionales. El funcionario dijo que no fue un error contingencial, sino un sabotaje cuyo propósito era afectar el escrutinio y dejar mal parado al ente electoral.
“Hubo sabotaje en el proceso de transmisión (de datos preliminares), lo vamos a demostrar en los tribunales y van a caer muchas personas”, advirtió Olivo Granadino. Sus señalamientos apuntan directamente a la empresa Soluciones Aplicativas y a René Torres, jefe del área informática del TSE.
La denuncia del Magistrado Presidente debe ser investigada inmediatamente, para deducir responsabilidades de empresas contratadas y de personal interno. El TSE debería aprovechar este incidente para hacer una depuración de las jefaturas que bloquean su labor.
El supuesto sabotaje también debería llamar la atención sobre una reforma electoral pendiente: la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del TSE. La organización de los comicios y el arbitraje del proceso electoral no deben ser responsabilidades de una misma institución, sino de dos instancias distintas.
La Asamblea Legislativa debería realizar esta necesaria reforma o las organizaciones pro reforma electoral presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Electoral. La separación de las funciones del TSE debió ser prioridad, en vez de la reforma del voto cruzado que complica el proceso electoral.
Las candidaturas por distrito, la democracia interna de los partidos políticos y los mecanismos de consulta popular deberían estar también en la mesa de discusión. Estas reformas –más que el voto por rostro o voto cruzado– harían verdaderamente representativo y participativo el sistema electoral salvadoreño.
Y como componente indispensable de la democracia electoral, la democracia deliberativa. Sin democratizar la comunicación es imposible profundizar la democracia, pues sólo un modelo de medios democrático puede garantizar pluralismo y diversidad.
Para esto se necesita un nuevo marco normativo en el ámbito comunicacional, algo que podría propiciar la Sala Constitucional resolviendo las demandas contra la Ley de Telecomunicaciones que tiene pendientes. Ampliar la democracia es procurar leyes y políticas públicas que permitan a los diversos sectores de la sociedad participar en la deliberación democrática.
