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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“La decisión de privatizar el ente rector del agua, por parte de los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, solo confirma nuestra sospecha que solo quieren favorecer a sus financistas”, declaró Morena Murillo, del Foro Nacional del Agua, que integran la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
Con una junta directiva conformada por cuatro plazas: COMURES, sector productivo industrial, el sector productivo agropecuario y juntas de agua, deja con solo tres puestos al sector público: los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y la Universidad de El Salvador.
La decisión fue tomada por los partidos: ARENA, PDC y PCN, luego que en el último momento, el partido GANA se retractó del apoyo que dio a la iniciativa del 5 de junio de 2018, procedente del sector empresarial.
“Esas cuatro plazas pertenecen a sectores que mercantilizan el agua, que serán juez y parte, claro, ellos hacen uso indiscriminado del agua en sus producciones. No nos engañemos, el sector azucarero utiliza de manera indebida el recurso hídrico en detrimento a la población de la zona rural y el sector industrial igual, son empresas que quieren vender el agua al mayor postor y el agua es del pueblo, no de las empresas”, sentenció.
Con una lucha de doce años por una Ley Integral de Aguas y Saneamiento, las organizaciones ambientalistas, jurídicas y salud, han aumentaron la presión social, luego que la diputada Martha Evelyn Batres (ARENA), decidió anular los 92 artículos, aprobados del anteproyecto para una ley general de aguas y saneamiento, para dar paso al de la ANEP y FUSADES.
El rechazo de las diversas organizaciones ambientalistas y sociales, no están alejadas; un diagnóstico del recurso hídrico salvadoreño, presentado por el MARN, en 2014, da cuenta que alrededor de 953mcc de agua se utiliza para riego de 29 mil hectáreas agrícolas, que se distribuyen en un 41 % en distritos de riego y drenaje y un 59 % de riego privado.
Rodolfo Calles, de CRIPDES, lamentó la decisión de los partidos políticos y afirmó que esa propuesta de “autoridad del agua”, es eminentemente neoliberal y consideró preocupante esta situación, porque el nuevo gobierno (GANA) tiene una expresión de derecha.
“Si los ministros de Medio Ambiente o Agricultura o Ganadería, son de GANA, definitivamente son de la derecha y en esa lógica no todas las juntas de agua son autónomas, luego los sectores agropecuarios e industrial son privados y en cuanto a las municipalidades será COMURES, quien meterá la mano y aquí sabemos quienes tienen mayoría de gobiernos locales, entonces ellos desde ahí, definen quién integrará esa autoridad del agua. Esta es la primera medición que la población puede hacer con el tema agua”, señaló.
La importancia de la “autoridad del agua”, se basa en las competencias que tendrá a cargo, como definir la política hídrica, fijará los cánones que se va a pagar por el agua y delimitará la estrategia. Y serán los sectores privados quienes tendrán en sus manos estas decisiones, consideró Calles. “Serán juez y parte en la toma de decisiones del vital líquido de la población salvadoreña”, agregó.
Solo la zafra 2013-2014 produjo siete millones de toneladas de caña, en 108 mil 500 manzanas de tierra y 15.6 millones de quintales de melaza, que demandaron miles de metros cúbicos para el riego de los cultivos, según documentó, Miguel Ramírez, director del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador.
Luis González, de la UNES, afirmó que era absurdo que los sectores privados industrial y agropecuario traten de exhibirlos como representantes de la población salvadoreña, lo que consideró que era “vulgar y ofensivo”, al derecho humano al agua.
“Es imposible que ellos formen parte de la autoridad del agua, cuando han sido los sectores históricamente que más han contaminado el agua, que han talado bosques que son zonas de infiltración de aguas lluvias, los que indebidamente se han apropiado del agua en común; sean ahora los garantes a ese derecho. Porque hay sectores mucho más representativos como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, religiosos, ADESCOS y cooperativas que deberían tener un lugar en esa autoridad del agua”, manifestó.
Asimismo, reiteraron la propuesta de declarar el agua como bien público, a fin de garantizar el derecho humano al agua, el saneamiento a la población salvadoreña y una participación efectiva de la sociedad salvadoreña en su conjunto.
