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@elder_gomez_2
La derecha legislativa ha creado una cuestionada Comisión de Antejuicio que estudiará un eventual desafuero al ex ministro de Defensa, Atilio Benítez, actual embajador de El Salvador en Alemania, acusado de un supuesto tráfico ilegal de armas de guerra.
El acuerdo fue alcanzado por 45 de los 84 diputados que integran el congreso salvadoreño y en medio de señalamientos de supuestas arbitrariedades legales y de compromisos políticos, hechos por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el oficialista FMLN.
El paso para crear la instancia legislativa fue dado luego de que la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), diera un paso atrás en su decisión de enviar al archivo un Dictamen que había aprobado en ese sentido la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del parlamento.
El Dictamen para archivar un Requerimiento Fiscal para desaforar a Benítez, fue tomado en vista de que la petición del Ministerio Público incumplía dos de los seis requisitos constitucionales para desaforar y procesar a un indiciado en delitos, como el establecimiento de un “plazo para la instrucción” y la carencia de una “acción civil”.
“Todos leímos ese Dictamen en el que no se habían cumplido los requisitos de Ley… ni el establecimiento del plazo (de instrucción), ni circunstancias propias de indemnización (Acción Civil)”, recordó ante el Pleno Legislativo, que sesionó el jueves, el diputado del PDC, Rodolfo Parker.
Parker no dudó en denunciar de que en la decisión de crear la Comisión Especial de Antejuicio contra Benítez, “alcanzo a ver con claridad, que la decisión está tomada”.
“Alcanzo a percibir – agregó el parlamentario del PDC -, que hay otras cosas atrás”, dijo.
También sentenció de que “si la Ley establece cuándo no se cumplan los requisitos, las actuaciones son nulas”.
“Hay una decisión (de aprobar la creación de la Comisión de Antejuicio) predeterminada. Es eso ético?, No”, dijo.
Venta ilegal de armas
Benítez es investigado por la Fiscalía General de la República desde hace dos años por un presunto tráfico de armas de guerra que habría realizado cuando fungió como Ministro de Defensa, en 2011, con armamento sustraído de almacenes de la Fuerza Armada, que debía ser destruido.
Las armas habrían sido legalizadas mediante un Decreto Temporal y supuestamente vendidas por Benítez a funcionarios y ex funcionarios, según las pesquisas fiscales.
El diplomático ha negado los hechos y se ha declarado “inocente”.
Benítez fue ingresado la mañana del jueves a un hospital privado de San Salvador, tras sufrir un derrame cerebral, a pocas horas de que el congreso aprobara la creación de la Comisión Especial de Antejuicio.
“Compartimos las preocupaciones del Doctor Parker sobre los elementos de una presión diplomática para torcer voluntades”, exclamó el diputado del oficialista FMLN, Blandino Nerio.
“Hay intereses externos seguramente que quieren afectar al General, para conseguir otro objetivo”, analizó.
Fuerza Armada democrática
Nerio recordó que tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), “ha jugado, para nosotros, un rol respetable” en la vida democrática del país.
“Nos han sorprendido como a muchos, esta acusación que se levantó (contra Benítez)”, subrayó.
GANA niega presiones
El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el diputado por GANA, Mario Tenorio, negó que su partido político haya cedido a presiones políticas y externas por haber cambiado su postura sobre enviar al archivo el Requerimiento Fiscal para desaforar a Benítez.
“No nos mueve ningún interés de venganza política”, aseguró ante el Pleno Tenorio.
“Las pruebas periciales no las podemos desestimar”, explicó el parlamentario, quien semanas atrás había reconocido que el Requerimiento Fiscal para quitar el fuero constitucional a Benítez adolecía de los dos preceptos legales.
La Comisión es presidida por Tenorio, Jackelin Rivera del FMLN, quien fungirá como secretaria; Lorenzo Rivas de GANA, que fue designado como Fiscal, entre otros legisladores.
