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@elder_gomez_2
La derecha legislativa salvadoreña excluyó anoche a las empresas Publicitarias y Medios de Comunicación de las investigaciones por lavado de dinero, buy en medio de un encendido debate con los legisladores del oficialista FMLN, disposición que ha dejado al descubierto la reagrupación de ese sector ideológico del país.
Con 50 votos de los diputados del Partido de Concertación Nacional (PCN), ARENA, Democracia Salvadoreña (DS), Partido Demócrata Cristiana (PDC) y de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Pleno Legislativo reformó un artículo de la ya modificada Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos para dejar fuera de las pesquisas por ese flagelo a los Medios de Comunicación y compañías Publicitarias.
La iniciativa para reformar la ya modificada premisa legal, que debe ser sancionada, observada o vetada en los próximos días por el Ejecutivo, fue presentada por el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, quien adujo que la inclusión en las investigaciones por lavado de dinero de los Medios de Comunicación y empresas Publicitarias, “atentan contra la libertad de expresión”.
El congreso había aprobado el mes pasado seis reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos por solicitud de la Fiscalía General, en la que fueron incluidos como sujeto de investigación, a petición de la derecha, empresas con capital mixto, como la venezolana ALBA, y Personas Políticamente Expuestas (PEP), entre otras.
La remodificación del artículo de la legislación que combate el blanqueo de dinero y activos causó un encendido debate entre los legisladores conservadores y el oficialismo, que advirtió que con ello los cuestionados Medios de Comunicación salvadoreños podrían solapar ese tipo de ilícitos.
“Los Medios (de Comunicación) podrán encubrir operaciones financieras sospechosas con la venía de la derecha”, advirtió el legislador por el FMLN, Guillermo Mata.
El también legislador por el FMLN, Antonio Echeverría, vaticinó que la derecha salvadoreña trata de “confundir” a la población mediante espacios pagados en diversos Medios de Comunicación en los que se advierte que las reformas a la legislación, tal como estaban planteadas, atentaban contra la libertad de expresión.
“(La derecha) está queriendo confundir la opinión pública. Lo que se está pidiendo es que todos debemos demostrar el origen lícito de los fondos… Cuando dejamos ese tipo de excepciones (la de los Medios de Comunicación), dejamos vacíos”, explicó el parlamentario ante el Pleno Legislativo, durante la Sesión Plenaria del jueves. No obstante, advirtió que “vamos a combatir el crimen, venga de donde venga y a quien salga implicado”.
El diputado por el PDC, Arnoldo Marín, advirtió que la inclusión de los Medios de Comunicación y empresas Publicitarias como sujetos de investigación por lavado de activos, “puede ser una herramienta que con mala intención puede ser usada contra la libertad de expresión”.
“No consideramos prudente que existan pistolas apuntando a los Medios de Comunicación”, replicó el diputado por ARENA, Ernesto Angulo.
Gallegos, por su parte, aceptó el “mea culpa” por haber incluido a los Medios de Comunicación y empresas Publicitarias como sujetos de investigación por blanqueo de dinero en las primeras reformas hechas en julio a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.
Caso d´Aubuisson al archivo
Los legisladores también enviaron, por unanimidad, el proceso de antejuicio abierto hace más de tres meses contra el diputado de ARENA, Roberto d´Aubuisson, acusado por el ex presidente Mauricio Funes por los supuestos delitos de “calumnia y difamación con publicidad reiterada”.
El Pleno Legislativo archivó el caso contra el parlamentario de derecha, luego de que Funes lo pidiera al congreso el lunes pasado, tras anunciar que lo “perdonaba” por haber afirmado en varios medios de comunicación que su cadera había sido fracturada en un accidente de un lujoso Ferrari, en febrero pasado.
Además, basados en una resolución de la cuestionada Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el mismo lunes declaró “inconstitucional” una serie de reformas al Reglamento Interno del congreso y que permitían realizar antejuicios a diputados sin el aval de la Fiscalía General, como estaba estipulado antes.
