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Elder Gómez
@elder_gomez_2
La derecha legislativa se dio golpes de pecho, al estilo de Poncio Pilatos, antes de desaforar al General Atilio Benítez, para que sea procesado penalmente por los supuestos delitos de “estafa”, “actos arbitrarios”, “tráfico ilegal de armas de fuego” y “tenencia ilegal de armas de fuego”, tras dar el último veredicto de un viciado proceso de antejuicio.
Como Poncio Pilatos, que no halló pruebas para enviar a la crucifixión a Jesucristo, los parlamentarios de ARENA, GANA, PCN y PDC, tampoco encontraron suficientes elementos jurídicos para que un tribunal enjuicie a Benítez por los supuestos ilícitos que le imputa la Fiscalía General.
La decisión de desaforar a Benítez fue tomada por los diputados de derecha, después de extensas y pomposas adulaciones a la integridad moral del también embajador de El Salvador en Alemania, en una Sesión Plenaria Especial, donde el único punto de discusión fue el desafuero del que fuera ex ministro de Defensa durante el gobierno del ex presidente, Mauricio Funes, en 2009. Hasta sus ex compañeros de armas, el General, Mauricio Vargas, de ARENA, y el coronel Antonio Almendariz, del PCN, este último mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad de 1992, como responsable de violaciones de derechos humanos en la pasada guerra civil salvadoreña, y actual feligrés de una secta cristiana, votaron a favor del juicio penal contra el diplomático.
“Estamos seguros de la inocencia del General Benítez, pero el único lugar donde puede demostrar la inocencia, tal como lo ha demostrado, es en los tribunales”, exclamó el jefe de la fracción parlamentaria del PCN, Mario Ponce. “No hay evidencia real alguna en contra del General Benítez”, dijo, por su parte, el único diputado por el PDC, Rodolfo Parker.
Sin embargo, en su disertación ante el Pleno Legislativo, Parker dijo que durante el proceso de antejuicio contra el ex jefe militar, hubo “asuntos no resueltos (y) como Partido Demócrata Cristiano, nos vemos entonces orientados a que el caso pase a los tribunales correspondientes”.
El primer fallo legislativo
Benítez había sorteado un juicio legislativo entablado por una Comisión de Antejuicio, creada para retirarle la inmunidad diplomática de la que gozaba por ser aún embajador de El Salvador en Alemania. La instancia legislativa había dictaminado semanas atrás no desaforar al ex Jefe Militar, por considerar que los cargos contra el diplomático no tenían sustento legal para retirarle la inmunidad, para que enfrentara la justicia, tal como lo ha requerido el Ministerio Público.
De acuerdo a los legisladores, los 12 testigos que desfilaron desde agosto pasado por la Comisión de Antejuicio, creada con base a un cuestionado Requerimiento Fiscal, no dieron elementos para que decidieran desaforar al diplomático.
Sin embargo, los diputados que integraron la Comisión Especial de Antejuicio decidieron que fuera durante una Sesión Plenaria Especial que se decidiera de manera definitiva el futuro jurídico del ex Jefe Militar, lo que fue decidido el lunes. El proceso de Antejuicio contra Benítez había buscado encontrar indicios de los supuestos delitos que la Fiscalía le imputa y que habrían sido cometidos cuando el ex Jefe Militar fungió como Ministro de Defensa, en 2009.
No obstante, Benítez fue investigado por la Fiscalía General de la República desde hace dos años por los delitos que le achaca, los que habría cometido presuntamente con armamento sustraído de almacenes de la Fuerza Armada, y que debía ser destruido.
Las armas habrían sido legalizadas mediante un Decreto Temporal y supuestamente vendidas por Benítez a funcionarios y ex funcionarios, según las pesquisas fiscales, lo que la Comisión de Antejuicio desvirtuó.
Historia del caso
Benítez fue involucrado en 2012 en el escándalo de tráfico ilegal del armas por el ex Director de Logística de la Fuerza Armada, el coronel Salvador Alberto González Quezada, cuando éste y su subalterno, el teniente José Arístides Figueroa, eran procesados penalmente por ese ilícito por un tribunal de San Salvador.
Figueroa fue sentenciado el 28 de noviembre de 2014 a siete años de prisión por el ilícito, pero la Fiscalía concedió a González Quezada, en la etapa final del juicio, el beneficio de “testigo criteriado”.
El Ministerio Público justificó en aquel entonces que en el proceso contra el ex Director de Logística del ejército, “existía reserva total”, y dijo que González Quezada sería procesado por aparte en otro juicio que nunca se llevó a cabo.
González Quezada habría revelado a la Fiscalía General que Benítez estaba involucrado en el escándalo de tráfico ilícito de armas de fuego, aunque en el proceso de antejuicio contra el diplomático, no hubo testigos ni pruebas documentales que sustentaran la acusación.
