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Por Mario Hubert Garrido/Caracas/PL
La Asamblea Nacional de Venezuela, pharm ahora con mayoría opositora, doctor comienza hoy sus sesiones del año, en las que la alianza de derecha Mesa de la Unidad Democrática presentará medidas antipopulares.
La víspera, tras la instalación del nuevo parlamento (2016-2021), su presidente, el veterano diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, afirmó que el cambio proclamado no será solo un nombre, sino la esencia de su primer mandato de un año.
Al presentar la agenda legislativa, que leyó el diputado Julio Borges (de Primero Justicia) en clara violación del reglamento interior y de debates de la Asamblea, se apreciaron intenciones de remover al actual gobienro , privatizar empresas nacionales y preservar intereses económicos de la burguesía criolla.
Ramos Allup también presentó ayer las comisiones que anunciarán a los poderes públicos (ejecutivo, judicial, electoral y moral) los resultados de la ceremonia de instalación del legislativo.
Asimismo juramentó a Enrique Márquez (Un Nuevo Tiempo) y José Calzadilla (Movimiento Progresista de Venezuela), quienes asumieron como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.
De 73 años de edad y parlamentario desde 1980, Ramos Allup es el máximo líder del partido de derecha Acción Democrática (AD), vinculado durante la IV República (1958-1999 ) con los actos represivos del Gobierno contra el pueblo, entre ellos la práctica de la desaparición forzada.
Defendió el paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional en 1989, que sumió a Venezuela en una profunda crisis económica y social, encareciendo servicios básicos como el transporte, combustible y alimentos de la canasta básica.
Esa situación produjo El Caracazo, uno de los estallidos sociales más importantes del siglo XX en América Latina
Además, en 1992 solicitó la suspensión de las garantías constitucionales, que estipulaba medidas como la detención de cualquier ciudadano sin necesidad de orden judicial, y prohibía las libertades de expresión, reunión o manifestación.
Luego de los comicios del 6 de diciembre, en los que la oposición obtuvo la mayoría legislativa, Ramos Allup se pronunció a favor de privatizar empresas medulares nacionalizadas por el Estado, entre ellas, Petróleos de Venezuela, la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela, la Corporación Eléctrica Nacional y la Siderúrgica del Orinoco.
También declaró su intención de derogar legislaciones como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las leyes orgánicas de Trabajo y Precios Justos, así como las de comunales y de vivienda.
En la ceremonia de instalación de la AN, Ramos Allup dijo a la prensa que otra de las prioridades será una ley de amnistía para liberar a los que llamó presos políticos, entre ellos Leopoldo López, de Voluntad Popular, principal promotor de actos violentos de 2014 con saldo de 43 fallecidos y más de 800 heridos.
También se pronuncio por la salida de la cárcel del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; del exalcalde de San Cristóbal (Táchira) Daniel Ceballos y del exgobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, todos vinculados a planes desestabilizadores contra el país suramericano.
Ante esas amenazas, el jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, afirmó a Prensa Latina que desde el seno parlamentario los 54 diputados de ese bloque darán las batallas necesarias para defender las conquistas sociales alcanzadas en Revolución.
