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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Verónica López, directora ejecutiva de DIKE, explicó en el foro “Derecho a la Identidad de Género: Avances y Desafíos en El Salvador a luz de los estándares internacionales”, que esperan una respuesta contundente e integral de parte de los tres órganos del Estado salvadoreño, para que garantice los derechos humanos de la población transexual. “Ya existe un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que esperamos vaya avanzando en la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, siempre mantenemos conversaciones con algunos grupos parlamentarios que nos han permitido entrevistas, para explicar a fondo el tema, aunque esperamos después de la presentación de la comisión, se pueda sumar para estudiar este anteproyecto”, dijo López.
El pasado 22 de marzo, representantes de organizaciones de derechos humanos y jurídicas, que integran la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, presentaron un anteproyecto de veintidós artículos, que tiene como objetivo principal, el cambio registral del nombre, sexo y género, en el Documento Único de Identidad (DUI), porque actualmente, las personas trans, no tienen existencia legal.
Verónica López, aunque mostró cierta preocupación por la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), reiteró que el anteproyecto de ley que presentaron el año pasado, es una iniciativa de la sociedad civil organizada, que en ningún momento, obedece a instituciones de gobierno o políticas.
“Esperamos que el ministerio de Cultura, designe a una persona calificada para trabajar el tema y se sume a nuestra lucha, como lo hicieron anteriormente. La decisión del Presidente (Nayib Bukele), sabrá él porque lo designó a ese ministerio; lo que si esperamos es que sigamos trabajando y avanzando en materia de derechos humanos de la población LGBT”, agregó.
Mientras, Héctor Carrillo, coordinador del programa Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD, señaló que la institucionalidad del Estado, debe dar cumplimiento a sus compromisos internacionales, específicamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en la opinión consultiva 24-2017, la cual obliga al Estado a proteger el derecho a la identidad de género.
“Esto implica que el Estado salvadoreño deberá implementar un proceso sencillo y adecuado administrativo, que facilite el cambio de los datos de las personas transgénero. Y que según, la opinión consultiva 24, los Estados no deben poner obstáculos a las personas que desean identificarse con un género distinto a su sexo biológico, esos cambios deben ser de manera integral. Debe ser un proceso confidencial que no genere ningún registro con acceso al público, sobre el cambio, ni en los documentos que se expidan”, manifestó.
Para el director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños, hay “leves” avances que tratan de velar por los derechos de las personas LGBTI, pero es un tema que no ha tenido la atención debida. Fue en el 2009, que con el nacimiento de la Secretaría de Inclusión Social, que crea la Dirección de Diversidad Sexual, fue un paso desde el Ejecutivo, para tratar el tema.
“Se inició un proceso, también para que por vía judicial, dieran facultad jurisdiccional a jueces y juezas, para tratar casos de reasignación de nombre, de personas que así lo solicitaron y la apertura de estos jueces y juezas a esos cambios. Claro, esto requirió cambios de mentalidad, de sensibilización y del apego de la norma nacional, a los estándares internacionales”, argumentó Baños.
