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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó la Relatoría para la Libertad de Expresión, que en el año 2000, elaboró el proyecto de “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, y cada 3 de mayo conmemora los “principios fundamentales de la libertad de prensa”, verificando el desarrollo de iniciativas o dinámicas a favor de las libertades y reiterar la importancia de Estados Democráticos de Derecho, de lo contrario son países sin libertades.
Este 3 de mayo, el gremio periodístico vivió un episodio de discriminación en el acceso a la información cuando reportaron como los y las periodistas, que en las primeras horas de una mega jornada de la toma de posesión de la nueva legislatura (2021-2024), fueron marginados ante los medios oficiales e incluso youtuber, para cubrir los acontecimientos.
Otros señalaron que luego del ingreso al pleno legislativo toda la actividad que se generó de la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas estos funcionarios no rindieron declaraciones o reacciones a la prensa en general para su material informativo.
En este contexto, la Mesa de Protección a Periodistas, que presentó en 2018 un anteproyecto de ley de protección al gremio manifestaron una serie de confrontaciones, obstáculos y falta de entendimiento o diálogo se ha elevado entre las instancias del Ejecutivo y la omisión de la saliente Asamblea Legislativa.
“Hemos podido identificar que en la actualidad existe una tendencia progresiva de estigmatización de la prensa que son retrocesos en materia de libertad de expresión y prensa. Y se suman los acontecimientos del debilitamiento institucional como la destitución la comisionada Liduvina Escobar Campos (Instituto de Acceso a la Información Pública/IAIP) por orden del presidente Nayib Bukele, instancia que estaba para combatir la corrupción y dar transparencia al Estado, esto es preocupante”, expresó Herbert Serafín, de FESPAD.
Serafín integra la Dirección de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), y miembro de la Mesa de Protección a Periodistas que impulsan en la Asamblea Legislativa, un marco jurídico que salvaguarde estos derechos de recabar y difundir información y el respeto a su integridad en el ejercicio periodístico.
“Sabemos de las afectaciones a las libertades fundamentales como es libertad de expresión y prensa, y lo más preocupante que sea desde los funcionarios públicos como el secretario de prensa de CAPRES, Ernesto Sanabria y luego el presidente de la República (Nayib Bukele) y es preocupante como la vulneración a esos dos derechos fundamentales sean propiciados por funcionarios públicos que tienen la obligación de garantizar el goce de los derechos humanos de la población”, explicó Serafín.
Las denuncias que obstaculizan la labor periodística son constantes, y casi a diario, como ha venido reportando la APES, o denuncias puntuales como la periodista M. Campos, quien desde su cuenta de twitter avisó que su cuenta de Instagram estará “deshabilitada” por 30 días.
Periodista de una Revista Digital, Campos señaló, que sus publicaciones a esta plataforma estaba una investigación periodística sobre la situación de los maestros y la educación virtual que encontró eran insuficientes para la demanda educativa. Y en contraste el Ejecutivo emitió una circular que prohíbe a los docentes dar declaraciones a los medios de comunicación.
“La discusión sobre la ley de protección a periodistas estuvo estancada, pese a que se contaba incluso con el apoyo del diputado Guillermo Gallegos (GANA), quien posteriormente la dejó de apoyar la temática.
Las restricciones a la Libertad de Prensa y Expresión no son nuevas en el país y se han presentado en este nueva administración presidencial y lo lamentable es la violación que hacen los funcionario de alto rango, esto es definitivamente preocupante para un Estado democrático”, sostuvo.
Sobre la Ley de Protección a Periodistas, señaló, que hubo una discusión que delimitó el objeto de la normativa y, por tanto, abarcará solamente a periodistas y no comunicadores sociales como se planteó al principio del marco jurídico.
“Esto es debido a la interpretación –que señalaron los diputados- que esta normativa podría dar oportunidad de proteger a youtuber, al referirse a las experiencias de aquellas personas que amenazan, hostigan, difaman y calumnian desde sus plataformas. Sin embargo, se hizo énfasis que existen periodistas que hacen trabajo profesional en esta plataforma de Youtube, que podrían ser protegidos por la ley, siempre y cuando se utilice el método periodístico que se refiere a recabar, procesar, editar y comentar la información de manera profesional. Es decir, una persona periodista puede ser protegida por esta ley”, reafirmó.
Para Herberth, con este marco jurídico no se pretende “trato especial”, al gremio periodístico, sino la garantía para realizar su trabajo; por lo que, invitó a la nueva a legislatura retomar el anteproyecto y debatir sobre el contenido para legislar con el acompañamiento de las organizaciones que integran la Mesa.
“Esperamos que sea observada, para que la nueva legislatura pueda conocer estas observaciones las considere y continuar el estudio ya que quedó en el archivo esperamos la invitación de la nueva legislatura, con los miembros de la Mesa a Protección de Periodistas y compartir con los nuevos diputados y diputadas el contenido que garantice el trabajo periodístico”, puntualizó.
