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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones que defienden los derechos de las personas ante la ausencia del Estado en las comunidades afirmaron que de nuevo la historia se repite con la actual Asamblea Legislativa. Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados han demostrado que la alimentación y el agua no son prioridades, pese a que, durante la campaña electoral, la mayoría de los partidos se comprometieron públicamente en ratificar el Derecho Humano al Agua y a la Alimentación, sin embargo, todos esos expedientes fueron archivados por la nueva legislatura.
“Nosotros que defendemos derechos de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad del país, no estamos de acuerdo con la decisión de diputados de la fracción legislativa del partido Nuevas Ideas, de archivar todos los expedientes en relación al derecho humano al Agua y a la Alimentación, así como otras iniciativas de ley que buscan mejorar la calidad de vida de las personas; esto representa un retroceso al trabajo de más de 15 años de lucha social que han sido desechadas en tan solo 14 días de que esta nueva legislatura”, manifestaron las organizaciones mediante un comunicado.
Ante un contexto previsiblemente sombrío por el cambio climático y la depredación del medio ambiente, las organizaciones sociales presentaron las primeras propuestas para hacer frente a las amenazas socio-ambientales, en 2005 lograron la aprobación de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, desde entonces presentaron al menos siete propuestas de reformas para su actualización sin que tuvieran eco.
Además, en 2006 presentaron la propuesta de Ley de Agua, en 2008 la Ley de Soberanía Alimentaria y durante 2012 la primera propuesta de reforma a la Constitución para incorporar el Derecho Humano al Agua y a la Alimentación; sin embargo, las nuevas autoridades legislativas sin ninguna discusión ni consulta con la academia, organismos internacionales, ni mucho menos con las poblaciones más afectadas, enviaron al archivo años de lucha y esfuerzos de todos los sectores que aportaron en esas iniciativas.
Las organizaciones señalaron que en cada una de las tres legislaturas anteriores el discurso fue desechar y darle largas a sus obligaciones de generar normativas legales para defender a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, en la actualidad legislatura, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados se han negado, incluso a discutir y analizar las propuestas sin ninguna explicación a la población salvadoreña.
“Hemos visto que la prioridad ha sido la pérdida de derechos de la población, la aprobación de un sin fin de préstamos, el revanchismo político, la legalización de la impunidad y el rechazo total al debate y al escrutinio público, convirtiéndose en funcionarios dedicados a levantar la mano mecánicamente. Esta Asamblea no puede defraudar a sus electores; la fiesta cívica de las recién pasadas elecciones municipales y legislativas demostraron que la población desea un cambio radical en la forma tradicional de hacer política, alejado de los intereses económicos y cercano a las necesidades de la gente”, afirmaron.
Asimismo, pidieron a la Asamblea Legislativa rectificar las acciones inconsultas y autoritarias que han aprobado, porque el Órgano Legislativo es la casa del pueblo, y como tal, debe estar abierta al escrutinio y el debate, basado en la sostenibilidad de la vida y alejado de los intereses económicos ocultos; además, solicitaron ratificar la reforma constitucional por el Derecho Humano al Agua y a la Alimentación de manera inmediata.
Exhortaron a retomar las discusiones y llamar a una consulta a las organizaciones que presentaron las propuestas de Ley General de Agua y la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, incorporando los puntos no negociables en cada una de ellas.
Hicieron un llamado a que los diputados se dejen ayudar con opiniones de sectores y personas con experiencia acumulada, en temas de país altamente sensibles como la democracia, el agua, la alimentación, la salud y la transparencia, porque el resultado de las elecciones del 28F no es un cheque en blanco, sino la confianza que las diversas situaciones serán abordadas, discutidas de forma participativa y dentro de los límites de la Constitución, como se espera de un Estado que aún sigue en la búsqueda de la justicia social.
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