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Redacción Nacionales
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En el contexto del Día Mundial del Agua, la Red Nacional de Juntas de Agua y el Foro del Agua presentaron los resultados del estudio: impactos de la ley general de recursos hídricos en la gestión comunitaria del agua, en el que señala que el derecho humano al agua y la gestión comunitaria del agua no presenta avances.
Las organizaciones expresaron que después de 20 meses de funcionamiento de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y de vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH), se han evaluado los impactos de la aplicación de la LGRH en las más de 2,325 Juntas de Agua a escala nacional, quienes abastecen al 25% de la población nacional, lo que equivale a más de 1,379.000 personas.
La Ley General de Recursos Hídricos tiene “un amplio contenido favorable” para que la ASA facilite una gestión sustentable del agua, con enfoque estratégico de derechos humanos, de género y de cuenca; priorizando el uso del agua para consumo humano y doméstico sobre cualquier otro uso; así como también para reducir la histórica brecha en el abastecimiento de agua entre el área rural y urbana, sin embargo, en la realidad “es una aplicación retorcida de un cuerpo normativo que ha sido producto de más de una década de lucha por diversos espacios, entre ellos, la REDNA y el Foro del Agua”.
En este sentido, a pesar de la existencia de la LGRH y de haber una autoridad rectora, “no existen avances en materia del derecho humano al agua y gestión comunitaria del agua”. Esto, según las organizaciones, se afirma a partir de una serie de hechos que afectan a las Juntas de Agua Potable y Saneamiento.
Por ejemplo, a pesar de que en el artículo 41 de la LGRH reconoce la existencia legal de las Juntas de Agua, las ADESCOS y Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro que desean ser reconocidas como tales deben someterse a un procedimiento administrativo de inscripción en el Registro Nacional de los Recursos Hídricos que es regulado por el Reglamento Especial para la Determinación de Cánones por Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos. Este procedimiento está diseñado y aplicado tanto para Juntas de Agua como para empresas, es decir, “se aplica un mecanismo de inscripción igual para dos actores totalmente desiguales; lo que genera una enorme desventaja en perjuicio de las Juntas de Agua y, por otro lado, beneficiando a las empresas que roban y despojan el agua a comunidades que, en muchos casos, son auto-abastecidas por sistemas comunitarios”.
Con base en el Sistema de Información Hídrica (SIHI) administrado por la ASA, actualmente, hay 18,731 empresas registradas, mientras que, por el lado de las Juntas de Agua, únicamente hay 417 registradas, representando un 18% de 2,325 sistemas comunitarios. “Situación desventajosa, es sumamente favorable para las empresas, puesto que estas, una vez registradas, van adquiriendo permisos de uso y explotación del agua para fines lucrativos distintos al consumo humano”, plantearon las organizaciones.
“Como REDNA y Foro del Agua denunciamos una aplicación peligrosa y retorcida de la LGRH por parte de la ASA, pues se beneficia a las empresas que hacen un uso economicista del agua, mediante su acelerada inscripción en el registro y la emisión indiscriminada de permisos de exploración y explotación que se llevan de encuentro el agua de las comunidades”.
En ese sentido, las organizaciones le hicieron un llamaod a la ASA a que proteja y garantice el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento, garantizando la prioridad del uso del agua es el consumo humano y doméstico; y que genere mecanismos de apoyo a las Juntas de Agua Potable y Saneamiento en su proceso de inscripción, de forma que les sea fácil su registro.
